El TC debate hoy si admite a trámite el recurso del Gobierno a la investidura de Puigdemont

Sáenz de Santamaría ha explicado que acogieron con "máximo respeto" la decisión del Consejo de Estado de no avalar la oportunidad del momento escogido por el Gobierno para impugnar el pleno de investidura. El órgano consultivo sostuvo en su informe que no es correcto impugnar un debate que aún no se ha producido, y habría que esperar a ver si el expresidente catalán se presenta en el debate para recurrir su celebración. Criterio que, ha explicado la vicepresidenta, el Ejecutivo no comparte porque considera que "tiene argumentos legales suficientes" para intentar impedir que continúe "el desafío al Estado de Derecho y la legalidad" que, a su entender, protagoniza Puigdemont con el anuncio de su candidatura.

La número dos del Gobierno ha recordado que el expresidente de la Generalitat está sujeto a una orden de busca y captura en España por no presentarse ante la justicia y responder por las acusaciones de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. "Un señor" en esas condiciones "no puede ser" investido presidente de la Generalitat, ha argumentado, y si se lleva a cabo "puede causar un daño grave a las instituciones españolas y a su democracia".

Sáenz de Santamaría ha reiterado que el Gobierno tiene "la obligación", a pesar del criterio discrepante del Consejo de Estado, de "defender" la legalidad, la democracia y la Constitución y evitar que Puigdemont mantenga en pie "el desafío" que protagoniza. Ha confiado además en que el Tribunal Constitucional no propine otro varapalo al Gobierno y admita a trámite la impugnación que firmará Rajoy porque la corte no tiene que entrar en el fondo del asunto, solo debe analizar si cumple los trámites formales preceptivos. Algo que habitualmente hace y que conlleva la suspensión durante cinco meses del acto impugnado, en este caso la investidura con Puigdemont de candidato.

La vicepresidenta insistió en que no se recurre el acto parlamentario en sí porque se podría celebrar con "otro" candidato. Se impugna, ha añadido, que el aspirante a presidente de la Generalitat sea una persona con orden de busca y captura por cinco delitos, una situación "inédita y sin precedentes".

En lo que no ha entrado es en lo que pasará si el constitucional acepta la protesta del Gobierno y prohíbe el debate. "Esa", ha puntualizado, "es una decisión" que deberá tomar el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.