El PP forzará al PSOE a votar en el Congreso si pactará de nuevo con Bildu tras el 28-M

En concreto, la iniciativa del PP, que no se debatirá hasta junio, dice que el Congreso «insta al Gobierno a romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas».

Defienden en Génova, que la gran diferencia con respecto a otros momentos en que EH Bildu ha incorporado a asesinos en sus candidaturas electorales es que «esta vez el PSOE ha pactado con ellos, cosa que no hicieron ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Alfredo Pérez Rubalcaba», por citar a dos de las personas que viene aludiendo Pedro Sánchez en sus intervenciones.

Con esta iniciativa, los populares buscan además retratar a los socialistas antes de que echen a andar los nuevos gobiernos autonómicos y locales. Sobre todo los del País Vasco y Navarra, donde se abren, en función de lo que ocurra el 28-M, a prestar sus votos al PSOE para que la formación de Arnaldo Otegi no gobierne siempre. De hecho, en la dirección hablan ya de un pacto doble que permitiría a la izquierda abertzale acceder a la alcaldía de Pamplona a cambio de entregar el Gobierno de Navarra a María Chivite. En Euskadi la situación es sensiblemente distinta, pues se trata, apuntan, de «poner nervioso al PNV» y de «mantener a raya a sus seis diputados» en el Congreso.

En la cúpula del PP insisten en que «no puede haber personas de ETA en las instituciones sin haber pedido perdón a las víctimas y reparado el dolor». Aseguran que Bildu «no ha hecho los deberes para estar en las instituciones democráticas» pero descartan su ilegalización como ya ha pedido Vox y ha reclamado estudiar Isabel Díaz Ayuso. «Con la legislación actual eso no encaja», reconocen en el entorno de Feijóo.

Lo que si ven factible en Génova es una posible modificación de la ley electoral para ampliar las causas de inelegibilidad y limitar el acceso de los condenados por terrorismo a las listas electorales. Reconocen, sin embargo, que sería necesario tocar la Carta Magna con la dificultad que conlleva abrir el melón constitucional.