La Fiscalía General rechaza instar la ilegalización de Bildu

El informe, firmado por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el Fiscal de Sala de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, concluye que «en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática».

En síntesis, el Ministerio Público, tras analizar la Ley de Partidos y la doctrina del Constitucional, zanja que no hay materia para comenzar un proceso de ilegalización, sobre todo «teniendo en cuenta que ETA, como tal organización, y las personas que la componían, no han vuelto a cometer hechos delictivos desde el año 2011» y que la banda «ha sido disuelta años más tarde».

Insiste la Fiscalía en que «no se aprecia razón alguna para impugnar aquellas candidaturas o solicitar la exclusión de algunos de los miembros de aquellas» ya que «las personas que en su día pertenecieron a aquella organización y llegaron, como es el caso de estas 44 personas, a cometer hechos delictivos en su nombre e interés» ya han cumplido sus condenas y, además, «no consta acreditado por indicios objetivos que muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al servicio de sus fines e ideales políticos».

Por ello, la Fiscalía General del Estado zanja que no es aplicable en este caso el artículo 9.3 de3 Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002, que establece el listado de conductas que pueden llevar a proscribir a una formación, en particular el apartado C («Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento»).

Los fiscales de sala sostienen que para tener en cuenta como un elemento determinante la inclusión de condenados por su vinculación en las candidaturas antes debería quedar probado que EH Bildu «ha vulnerado de forma sistemática de las libertades y los derechos fundamentales, el fomento o legitimación de la violencia como método para la consecución de fines políticos o el apoyo político a la acción de organizaciones terroristas».

«Las conductas del artículo 9.3 de la Ley de Partidos no son de ninguna manera independientes del apartado segundo del mismo precepto (que el propio partido con «su actividad vulnere los principios democráticos») ni pueden constituir, por sí solas, causa de ilegalización», recalca el informe fiscal.

«EH Bildu no constituye un partido político en los términos de la Ley Orgánica 6/2022, de 27 de junio, de Partidos Políticos, sino una coalición de dos partidos que, según el Tribunal Constitucional (en su sentencia de mayo de 2011), han condenado y condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional».

«En atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere la Ley de Partidos», concluye la Fiscalía General del Estado.

En esa línea, recuerda el informe que, la Ley de Partidos de 2002 recoge que «cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución» siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos». O sea, que no es motivo de ilegalización de una formación el hecho de defender determinados planteamientos políticos, sino «porque su actividad vulnere los principios democráticos».

La decisión de la Fiscalía General de no iniciar acción alguna para la ilegalización de EH Bildu fue duramente criticada por Jucil, que acusó al Ministerio Público de «abochornar» a las víctimas. Ernesto Vilariño, secretario general del colectivo mayoritario de la Guardia Civil, aseguró que esa negativa a actuar del Ministerio de Público «abochorna también a los servidores de la ley, comprometidos en la defensa de la Constitución y de las libertades de los ciudadanos»

«¿Pedro Sánchez alcanzará el PSOE acuerdos con EH Bildu en las instituciones donde coincidan? ¿Alberto Núñez Feijóo aceptará el PP pactos con EH Bildu para obtener, mantener o derribar gobiernos? Muchos guardias civiles y nuestras familias, que votaremos en estas y en las próximas elecciones, esperamos sus respuestas», advirtió Vilariño.