El disputado voto de la '7-5B'

Es el disputado voto de la '7-5B'. En la mesa de Pastorinas todo fue normalidad hasta que el pasado miércoles tuvo lugar el recuento oficial de actas por parte de la Junta Electoral.

Entonces, y ante una sala abarrotada de políticos, representantes legales y periodistas, se comprobó que el acta final no coincidía con la trascripción realizada al sistema informática.

El acta, el papel, contenía 130 votos para VOX y 28 para el PSOE y la versión electrónica justo al contrario. El mismo caso de lo sucedido en otras 12 mesas en las que los votos cruzados eran a la inversa.

Sin embargo, en esta ocasión era el acta, algo así como un documento notarial, quien certificaba la contundente formación del partido de derechas frente a los socialistas. «Algo totalmente imposible siguiendo la rutina del mismo centro electoral donde en el resto de mesas los números de las papeletas eran en la misma proporción pero en dirección contraria, con mayoría a nuestro favor«, se aseguró desde el PSOE.

Esa 'rutina de voto', la versión de los interventores del PSOE, un acta manual de un interventor de Podemos, y las propias notas de una de las vocales avalan que la victoria en la mesa fue para el PSOE y que un error humano propició que el voto se cruzara con VOX.

La situación no es menor, los 102 votos de diferencia entre partidos tienen unas consecuencias de enorme peso: la mayoría de centro-derecho a la que apela el PP habría desaparecido, VOX se quedaría en el 4,99% de representación y perdería su edil y la UPL alcanzaría el tercer concejal.

De ahí la enorme intensidad y vehemencia que todos los partidos han puesto en el caso. Tanta que, determine lo que determine la Junta Electoral, habrá recurso ante la Junta Electoral Central y con posterioridad ante el 'contencioso-administrativo'.

Los representantes jurídicos de PSOE y UPL coinciden en señalar que nada de eso paraliza el procedimiento abierto y que lleva al día 15 de junio como fecha para el pleno de investidura. Solo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) solicitando medidas cautelares podría frenar la investidura.

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