A pesar del acuerdo hecho público a principios de semana entre los socios de Gobierno para derogar la reforma laboral, la negociación con los sindicatos y, sobre todo, con la patronal, sigue provocando fricciones. En esta ocasión a cuenta de una de las medidas que ... se habían puesto encima de la mesa para acabar con la elevada eventualidad de los contratos: limitar al 15% el número de trabajadores temporales en cada empresa al año. Esta propuesta no gusta a la patronal, que arguye las especificidades de cada tipo de negocio para evitar un planteamiento de forma generalizada. Por ello, el Gobierno ha asumido que va a modificar su postura inicial.
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Así lo reconoció ayer la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien aclaró que «todas las cuestiones se están negociando y discutiendo». Incluida también esa tasa de temporalidad máxima permitida para la contratación en las empresas. La ministra de Economía explicó en Córdoba, donde participó en el XX Congreso de Directivos CEDE, que «habrá una propuesta nueva, por supuesto, para la siguiente reunión en esa mesa de diálogo social de la de la próxima semana, que irá incorporando las contribuciones de las distintas negociaciones, ideas distintas, y conversaciones que están teniendo lugar» estas semanas.
Para esa propuesta se incorporarán las ideas que los agentes sociales expusieron el miércoles en la última reunión mantenida en el seno del diálogo social sobre la reforma laboral. Fuentes de la negociación apuntan a este diario que exclusivamente se trató la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Esto es, el referido a las formas de contratación.
Los presentes en esa mesa laboral abordaron la temporalidad en torno a la idea del Ejecutivo de limitar los contratos temporales al 15% de la plantilla o bien eliminar el contrato de obra y servicio, con lo que se mantendrían solo los eventuales por circunstancias de producción y los de interinidad. Trabajo está abierto a modificar ese porcentaje del 15%, según esas mismas fuentes.
De hecho, así lo insinuó antes de la reunión el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Este precisó que habrá que ver si ese límite de temporalidad máxima «se acomoda a los intereses del conjunto de interlocutores, si puede variarse o individualizarse para que sea menos indiscriminado y más efectivo».
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La cuestión de la temporalidad es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Comisión Europea para que fuera aprobado el Plan de Recuperación. En ese texto se hacía referencia a la simplificación de contratos y también a la reducción de la temporalidad, la cuestión que ahora parece generar más tensiones en la negociación.
Calviño apuntó que espera alcanzar un acuerdo antes de finales de noviembre, sin tener que esperar a que termine el año. Pero incluso ni la presencia de su departamento en las negociaciones -junto a Trabajo y otros ministerios económicos- ha destensado la relación con la patronal.
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostró ayer su «sorpresa» por el hecho de que en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral no haya cambiado nada pese a la entrada de más ministerios. «A la mesa ha llegado el mismo papel que estaba. No sé si el Gobierno se ha coordinado o no, pero seguimos con el mismo papel de hace 15 días», se lamentó.
El líder de la patronal denunció que las reformas que está pidiendo Europa «no son las que nos cuentan». Considera que la UE no exige que se dé prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa, que es una de las medidas que quiere acometer el Gobierno y que supondría modificar la reforma laboral de 2012.
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En cualquier caso, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía en una entrevista en La Sexta que «técnicamente» es imposible derogar toda la reforma laboral del PP. Por eso, dijo, se realizarán cambios mediante fórmulas legales tras acordarlas con patronal y sindicatos.
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