PSOE y Podemos acuerdan congelar los precios de los alquileres en zonas tensionadas

Aunque aún no hay anuncio oficial, los dos socios de Gobierno han pactado congelar el precio de los alquileres, aunque solo en las zonas consideradas como tensionadas, tal y como adelantó hace unas semanas el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Fuentes consultadas indican que aún no se ha concretado quién ni cómo decidirá qué es una zona tensionada, aunque es previsible que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los encargados de hacerlo.

La idea sería que, al finalizar un contrato, el inquilino tenga derecho a renovarlo en las mismas condiciones durante un máximo de tres años. Si para entonces la zona sigue siendo considerada como tensionada, se podría extender el plazo. Y lo mismo para los nuevos contratos que se firmen. «Si soy un nuevo inquilino, tendré derecho a que mi contrato se vincule con el anterior si no han pasado más de tres años» desde la declaración de zona tensionada, explican fuentes consultadas.

Desde Unidas Podemos explican que esta regulación «no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, y que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios».

Sin embargo, el pacto ya estaría cerrado. Y también incluiría la propuesta del PSOE de incentivos fiscales a los propietarios que limiten los precios que, entre otras cosas, permitiría acceder a bonificaciones sobre el IRPF de hasta el 90% si bajan el alquiler en sus contratos.

Es decir, el acuerdo englobaría un sistema mixto entre congelación de precios e incentivos que evitaría que la imposición de 'topes' defendida por Podemos sea algo más edulcorada.

Tras el acercamiento de posturas en diversas reuniones durante las últimas semanas, Ábalos ha confirmado este mismo miércoles en el Congreso que la nueva Ley de Vivienda buscará «controlar las subidas abusivas en los precios del alquiler», y que a partir de la declaración de zonas tensionadas se limitarán los incrementos de precio «tratando de congelar esos alquileres».

En todo caso, el ministro ha reconocido que con todas estas medidas el Gobierno espera «contribuir, que no solucionar, el problema estructural que tiene este país en materia de vivienda». Para eso harán falta medidas adicionales que, entre otros, se financiarán con fondos europeos, como el objetivo de incrementar el número de viviendas con alquiler asequible hasta alcanzar un total de 100.000, multiplicando por cinco el objetivo inicial del Gobierno.

Según el calendario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, la futura Ley de Vivienda tendría que ser aprobada en Consejo de Ministros antes de que termine este segundo trimestre del año para, tras pasar por todos los trámites, quedar definitivamente aprobada en el tercer trimestre de 2022.