PSOE y Podemos pactan gravar viviendas vacías con un recargo en el IBI

El Ministerio de José Luis Ábalos ya había anticipado su idea de que ese recargo pudiese alcanzar hasta el 50% sobre la cuota del IBI a esas viviendas vacías que, según la propuesta del PSOE, afectaría a aquellos inmuebles de uso residencial desocupados durante un periodo de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal. Por ejemplo, el traslado por razones laborales o de formación o las viviendas de segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada.

La propuesta ha sido bien acogida por los morados, aunque sin llegar al detalle de la cuantía final con la que los ayuntamientos podrían aplicar el gravamen. La idea es que ambas formaciones se reúnan en los próximos días con el Ministerio de Hacienda para determinar una cifra final.

Así lo han acordado los equipos encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en una nueva reunión que se celebrará posteriormente a la prevista para el miércoles con el Ministerio Justicia para abordar el tratamiento de los desahucios en la futura ley.

El Gobierno ya adelantó hace unas semanas que el plan es hacer más ágiles y eficientes las comunicaciones con los servicios sociales para que las familias consideradas como vulnerables puedan postergar los lanzamientos de su vivienda hasta tres meses. En ese tiempo, se estima que las comunidades autónomas podrían buscar una alternativa habitacional.

Estos avances no tapan que el acuerdo total para la futura ley está aún muy lejos de conseguirse. Sobre todo si se tiene en cuenta que el plan inicial era tenerlo cerrado antes de que finalizase el mes de marzo.

Fuentes de Unidas Podemos confirman que las posturas están especialmente separadas en la regulación del alquiler, «un punto recogido en el acuerdo de Gobierno», insisten. Más que el objetivo común de limitar los precios, común en las dos formaciones, las principales diferencias están en las fórmulas para lograrlo.

Desde el PSOE se apuesta por un sistema de incentivos fiscales que, entre otras cosas, permitiría deducciones de hasta el 90% a los propietarios que rebajen el precio de sus contratos en al menos un 10% a sus inquilinos. Por otro lado, Podemos quiere limitar de forma directa los precios a través de un índice oficial para las zonas tensionadas.

Ocurre lo mimo respecto a la responsabilidad de los grandes propietarios, ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque.