El Gobierno planea paralizar los desahucios de alquiler y prorrogar los contratos

El programa se calcula que estará dotado de 700 millones de euros.

El paquete de medidas, al que ha tenido acceso este periódico, contempla la paralización de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

También, una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Asimismo, prevé medidas de mayor calado, que serían en las que más asperezas habrían tenido que limar los dos socios de la coalición. Así, en un primer momento se planteaba una moratoria en el pago de los alquileres durante cuatro meses en el caso de los propietarios fueran grandes, es decir, para aquellos que tengan más de ocho inmuebles en el mercado del alquiler. Y, finalmente, según fuentes de Unidas Podemos, los inquilinos de grandes tenedores y fondos de inversión se beneficiarán o bien de una quita de la deuda del 50%, o bien de una reestructuración de dicha deuda en dos o tres años. Aunque ésta era aún esta tarde una de las cuestiones sometidas a debate. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse, según el acuerdo, a las líneas de crédito del ICO.

Ésta sería una medida que afectaría a apenas un 5% de los propietarios de viviendas. El 95% del mercado del alquiler está formado por pequeños propietarios. Y el 85% cuenta con una o dos viviendas.

Para todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad, sea quien sea su arrendador, el Gobierno prepara una línea de microcréditos a través del ICO. En principio, se baraja la posibilidad de que se puedan financiar cuatro meses de alquiler, como mínimo. Los créditos no tendrían costes de intereses ni comisiones y se podrán devolver en seis años prorrogables por otros cuatro.

El decreto que se prevé aprobar en Consejo de Ministros amplía las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, que son menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de «hogar vulnerable» (moratoria de hipotecas o bono social...). Así, se permite que se acojan todas las personas paradas, sometidas a ERTE, reducciones de jornada y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y dependientes a cargo).

Los hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos, comentan fuentes conocedoras del decreto que podría aprobarse mañana, dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo sucrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.