Competencia se alinea con las viviendas turísticas y minimiza sus perjuicios

El estudio, de 83 páginas de extensión, prácticamente da por hechas las supuestas ventajas de esa actividad económica -por ejemplo, «contribuir a una utilización más racional de los espacios urbanos»- y, por el contrario, pone más que en entredicho sus posibles efectos negativos. Para esto último no duda en contradecir, entre otros, a los expertos del sector inmobiliario, que llevan meses advirtiendo de que entre los factores que están encareciendo la vivienda -sobre todo en el mercado de arrendamientos- se encuentra la profusión cada vez mayor de pisos y otro tipo de inmuebles que se dedican casi de forma exclusiva a albergar turistas de paso.

Para la CNMC, sin embargo, esas consideraciones «no cuentan con evidencia empírica robusta que respalde su magnitud». Claro que desde ese punto de vista tampoco los beneficios que el organismo ve en las viviendas con fines vacacionales contarían con dicha fortaleza.

Llega a afirmar que, además de «aportar riqueza» en general, ayudan a «recuperar barrios tradicionalmente degradados en los centros urbanos». Pero diferentes asociaciones vecinales en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, entre las más afectadas por este problema, sostienen precisamente todo lo contrario.

No es el único punto en el que discrepan vecinos y Competencia, que afirma que ese tipo de inmuebles también «tienen un efecto positivo de arrastre sobre el comercio local y sobre el turismo». Aunque según la Confederación Española del Comercio (CEC), las pequeñas tiendas apenan notan esa mejora mientras que el 'lobby' turístico Exceltur, que representa a las grandes firmas del sector, critica que han provocado una «saturación» de visitantes en algunas zonas, llegando a crear «problemas de orden social».

«Cada vez es más un negocio y una actividad económica que debería ser regulada», denuncia el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, quien considera que la CNMC está «echando más leña al fuego» cuando ha recurrido ante los tribunales la normativa territorial en esta materia, presentando argumentos «vacuos y llenos de juicios de valor muy poco fundamentados». La semana pasada lo hizo con los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, y meses antes ya realizó lo mismo con las leyes de varias comunidades autónomas.

Esas críticas no parecen afectar a los responsables de Competencia, que insisten en su tesis -la misma de Airbnb y HomeAway, las grandes plataformas digitales de alquiler de inmuebles con fines turísticos- de que ese tipo de viviendas han impulsado, en última instancia, «mejoras de las condiciones de la oferta» de los establecimientos «tradicionales», como hoteles. Eso, además de «intensificar la competencia, propiciando menores precios y mayor calidad de los alojamientos».

Pero, ¿y las «molestias que se pueden producir» en los edificios donde conviven residentes y turistas? No las niega el regulador del libre mercado, aunque sostiene que «deben ser abordadas de la manera más proporcionada, probablemente utilizando otro tipo de normativa» como en otras ciudades europeas. Y es que, a su juicio, los efectos negativos atribuidos al crecimiento de esas viviendas, como los derivados de la congestión (ruido, perjuicios al medio ambiente, etcétera) «son, en realidad, consustanciales al conjunto de la actividad turística y precisan de un enfoque regulatorio global» sobre todo el sector.

Por eso, la CNMC pide a las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) que unifiquen criterios, al tiempo que eliminan «aquellas restricciones innecesarias y desproporcionadas». Por ejemplo, la limitación de las estancias de los turistas en esas viviendas, la prohibición de alquiler por habitaciones, su acotación por distritos, barrios o edificios y la regulación de precios.