CC OO y UGT proponen limitar los alquileres al 25% o 30% de los ingresos medios de los hogares de cada zona

De acuerdo con los sindicatos, «la limitación de los precios máximos será temporal -revisable anualmente- en tanto persista en una zona determinada la elevada carestía del alquiler medio en relación al ingreso medio de los hogares».

La calificación de zona tensionada se determinará, según la propuesta sindical, mediante el «cruce» de dos estadísticas: el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler que prepara el Gobierno que se prevé que se publique a finales de marzo, según ha indicado el ministro del ramo, José Luis Ábalos, y el atlas de distribución de la renta de los hogares que elabora el INE y que ya está disponible.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha invitado al Gobierno a ser valiente y a no limitarse a tomar medidas de buena voluntad. «Un derecho básico no puede resolverse desde el mercado», ha defendido, al tiempo que ha expuesto que la precariedad en el empleo y el acceso a la vivienda son los principales factores de inestabilidad para los hogares en la actualidad. «El mejor convenio colectivo es el acceso a la vivienda», ha añadido. Sordo ha denunciado que el pago del alquiler supone «un drenaje de salario insostenible»: un 43% del salario neto medio se dedica al alquiler, que de media se sitúa en los 674 euros al mes; para el 55% de los hogares españoles pagar ese precio supone un tercio de sus ingresos mensuales, según ha detallado. Ello supone, ha continuado Sordo, una extracción de rentas que implica una disminución de la renta disponible, del consumo de otros bienes y de la capacidad de ahorro.

La propuesta sindical se presenta días después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunciara que antes del verano presentará en el Congreso una propuesta para limitar las subidas de las rentas, aunque sin precisar con qué figura normativa lo hará.

El control de los precios, según ha expuesto María Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, sería una medida de corto plazo y que debería introducirse en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con ello, el Gobierno central no impondría el control de los precios, sino que definiría cuáles son las zonas tensionadas, mientras que el diseño concreto de las actuaciones para la reducción de los precios quedaría en manos de las administraciones competentes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que se adhieran al programa. Aunque Sordo ha afirmado que la Ley de Arrendamientos Urbanos tiene grandes potencialidades a disposición del Gobierno central si alguna comunidad autónoma se opone a aplicar el control de precios.

Pero esta medida de control de precios, de acuerdo con los sindicatos, debería acompañarse de iniciativas con vistas al largo plazo. Fundamentalmente, el incremento del parque de viviendas en alquiler.

Así, el programa sindical apuesta también por un programa de alquiler seguro y asequible que tendría por objetivo la captación de viviendas desocupadas, rehabilitarlas cuando sea necesario e introducirlas en un sistema de alquiler seguro para el arrendador y asequible para el arrendatario, con la intermediación de sociedades públicas de alquiler que se encargarían de la gestión del programa.

Asimismo, se busca el incentivo de la vivienda como bien de uso, no como bien de inversión. Y a ese efecto, los sindicatos proponen medidas fiscales tales como el establecimiento de gravámenes a las viviendas vacías ubicadas en zonas tensionadas con fuerte necesidad de vivienda; la reformulación de los beneficios fiscales destinados a la vivienda en alquiler (favoreciendo, por ejemplo, a las viviendas privadas adscritas a los programas de alquiler público o asequible y reduciendo la bonificación de alquileres por encima de los niveles de esfuerzo razonable); la supresión de los beneficios fiscales ligados a la compra y a la inversión en vivienda en IRPF y Sociedades; o elevar el tipo de la tributación de las socimis en su actividad relacionada con el alquiler de viviendas.

Otra iniciativa de los sindicatos pasa por la regulación de las viviendas turísticas y su limitación en las zonas tensionadas.

En cuanto a la oferta de vivienda pública, Paula Guisande, secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras, ha apuntado que la construcción de 20.000 viviendas en cuatro años que propone el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se queda corta y que «hay que ser más ambicioso», por lo que propone la cifra de 100.000 nuevas viviendas a lo largo de la legislatura, que podría incluir también compras de inmuebles por parte de la Administración Pública. Asimismo, propone incrementar el presupuesto destinado a la vivienda desde el 0,1% del PIB hasta el 0,3%, «sin perder de vista el objetivo del 1% a largo plazo», ha planteado Guisande.

La primera propuesta de los sindicatos tendría un coste anual de 2.980 millones de euros.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado que con esta iniciativa quieren mostrar la necesidad de «dejar de hablar y empezar a hacer». «Llevamos mucho tiempo con diagnósticos de la vivienda y cada vez que se hace uno nuevo, la situación se agrava. Este debería ser el último análisis antes de que la situación empiece a mejorar», ha concluido.