Más de 5.500 millones para la rehabilitación de viviendas y el alquiler social

Durante su comparecencia en la Comisión del Congreso, detalló que el Gobierno movilizará 5.520 millones, de los que 2.970 millones se destinarán a más de 500.000 actuaciones de rehabilitación residencial y otros 1.100 millones a avales para comunidades de propietarios que se decidan a acometer obras de reforma. Y se hará a través de dos normativas, por un lado un real decreto por el que «se regularán los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social», explicó Sánchez. Y el segundo un real decreto ley para impulsar la rehabilitación edificatoria y promoción de vivienda en alquiler.

Además, de los más de 5.500 millones anunciados, otros 1.000 se destinarán a construir 20.000 viviendas para alquiler social y otros 450 millones para deducciones fiscales para incentivar la actividad.

La ministra anunció también que en octubre se lanzará el nuevo plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, ya que este año caduca el actual plan que estaba vigente desde 2018. En él se incluirán «medidas especiales para que los jóvenes tengan más oportunidades» de acceso al mercado residencial, aunque no concretó de qué medidas se trata.

La ministra señaló también que su departamento continúa trabajando en el anteproyecto de la futura Ley de Calidad de la Arquitectura. Y en materia de transportes e infraestructuras, se comprometió a llevar al Consejo de Ministros la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte «antes de que acabe este año», a poner en marcha la Mesa de Movilidad Rural y a iniciar un «diálogo transparente» con los grupos políticos, agentes sociales y la administración sobre el futuro y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado.

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos, con quien el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tuvo enfrentamientos por la ley de vivienda, Rafa Mayoral, tendió la mano a la nueva responsable del gabinete y le recordó que la situación de gran parte de la vivienda pública en España está en estado «lamentable». Por ello, le pidió que el Gobierno tenga un compromiso firme con ello y su ministerio lleve a cabo una acción de «coordinación permanente» con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de vivienda.