El Tribunal de la UE apoya a Bruselas en su batalla contra los privilegios fiscales en la Unión

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que el Gran Ducado de Luxemburgo dispensó un trato preferencial a la multinacional automovilística Fiat, lo que obliga a ésta a reembolsar en torno a 30 millones de euros a las arcas públicas. Por contra exime a la cadena internacional de café Sturbuks a hacer lo propio en Holanda (20 millones, en su caso) porque no ha quedado suficientemente acreditado que se viera beneficiada por ayudas fiscales.

Ambos litigios se abrieron hace cuatro años, cuando la comisaria de Competencia, Magrete Vestaguer, anunció que tanto Luxemburgo como Países Bajos podían reclamar a las empresas esos reembolsos porque ambas sociedades no habían abonado la carga impositiva que les correspondía amparándose en la fórmula de 'tax rullings'. En suma Bruselas detectó la existencia de acuerdos entre los países y las compañías para ajustar a la baja el pago de impuestos en función de los beneficios obtenidos en ambos territorios. En su traslación a España, el resultado sería similar al que se consigue mediante las Sicav, un pago de impuestos a la carta.

El asunto terminó en los tribunales porque tanto Luxemburgo como Países Bajos, así como las sociedades implicadas, decidieron recurrir la denuncia de Bruselas. Con las resoluciones anunciadas este martes, la Comisión recibe a efectos prácticos una de cal y otra de arena en la ofensiva emprendida por Vestaguer contra la elusión fiscal. Pero en teoría (dado que una se invalida por falta de pruebas) el TJUE abre la puerta al castigo del trato preferencial.

La danesa continuará al frente de la Comisión de Competencia, en una posición reforzada además, a partir del 1 de noviembre, cuando arranque formalmente la legislatura de Ursula Von der Leyen. Los casos de Luxemburgo y Países Bajos (que también tiene pendiente fallos de la Corte europea sobre Ikea o Nike) son solo la punta del iceberg. Y las cuantías reclamadas, mínimas, en comparación con las que figuran en otros procedimientos que también han terminado judicializados.

Así, el TJUE celebró la pasada semana la vista oral que tiene a la multinacional Apple e Irlanda como protagonistas. La compañía de la manzana mordida fue denunciada en 2016 por la Comisión Europea por recibir trato preferencial de Dublín y tendría que devolver la friolera de 13.000 millones de euros (14.300 millones de dólares) a Irlanda por impuestos no pagados durante más de una década, entre 2003 y 2014.

El Ejecutivo comunitario considera que, durante ese periodo, el coloso tecnológico reagrupó en Irlanda todos los ingresos obtenidos en Europa, África, India y Oriente Medio porque era en la isla donde obtenía ventajas fiscales. Irlanda que apoya a Apple en este contencioso está siendo además uno de los países más beligerantes contra el impuesto paneuropeo a las grandes tecnológicas.