El Tribunal de Cuentas censura el descontrol en contratos de las CC AA

Aunque estas críticas atañen a unos territorios más que a otros, buena parte de las advertencias que el órgano fiscalizador hace en su informe global del sector público autonómico correspondiente al ejercicio de 2017 –el Congreso vio el 13 de octubre pasado el dictamen correspondiente a 2016 y aún no hay fecha para el siguiente– tienen carácter general. Así, censura que «la justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público no se especifica en todos los expedientes con un mínimo de concreción razonable».

Más aún, prosigue en su crítica, tampoco «se acreditan las particulares necesidades que pudieran justificar las correspondientes inversiones de los fondos públicos». Asimismo, en algunos expedientes ha detectado «la ausencia de los informes o estudios económicos que garanticen que el precio del contrato es el adecuado al mercado», esto es, que no habría en ellos una cierta garantía de que el coste de esos acuerdos no se hubiera inflado.

La lista de «deficiencias» en la contratación pública autonómica continúa. Según el Tribunal, en los pliegos se emplean modelos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas «excesivamente genéricos», de modo que «no se concreta de forma clara, precisa e inequívoca» en qué condiciones se podrían usar las modificaciones de contratos. Y tampoco se especifican sus plazos de ejecución, ni las «penalidades» a las que habría lugar en caso de una realización «deficiente». Por el contrario, «se establecen causas de exclusión... que limitan la concurrencia» de varios posibles contratistas a un mismo procedimiento, y se omiten los informes jurídicos previos.

En otros casos –el órgano que preside María José de la Fuente ha fiscalizado 23.770 contratos (sin contar menores) por importe de 8.786 millones de euros–, se abusa de los trámites de urgencia o emergencia –procedimiento excepcional que implica a priori un control menor– sin que se haya acreditado «plenamente», o documentado «debidamente», que concurren las circunstancias para ello. También se ha detectado falta de motivación «suficiente» en algunas resoluciones de adjudicación, así como diferentes anomalías «respecto de las actuaciones de control del cumplimiento de los contratos».

Los técnicos del TCu hablan incluso de contrataciones a dedo en la administración autonómica. «Se han observado expedientes en los que los criterios objetivos han carecido de toda preponderancia en el mecanismo de adjudicación, que se ha decidido en función de la valoración de otros basados en juicios de valor». Y añaden que, en ocasiones, «no está suficientemente motivado» el empleo de juicios «subjetivos».

En cuanto a los contratistas, se han encontrado acuerdos donde no había «vinculación directa» entre el objeto de los mismos y las sociedades o personas a los que se adjudicaban, o bien directamente la «improcedencia» de los criterios utilizados. También se critican aquellos casos donde la oferta económica suponía una ponderación reducida en relación al resto de elementos, «lo que no es coherente con el principio de economía en la gestión de fondos públicos», así como el uso de fórmulas de valoración «confusas» respecto al precio de las ofertas.

Aunque el reproche sobre irregularidades contractuales afecta a todas las autonomías, las criticadas más veces por el Tribunal son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria, Asturias, La Rioja, País Vasco, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Igualmente, censura que «la mayor parte» de las regiones tenga «pendientes de reconocer obligaciones de gastos» sobre ejercicios anteriores «por falta de consignación presupuestaria», lo que afecta «fundamentalmente» al gasto sanitario, un problema que es «recurrente».

Pero las comunidades tampoco son especialmente diligentes al rendir cuentas: el 23% lo hace fuera de plazo, incluido el 8% que ni siquiera llega a presentarlas. Además, tienen «tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones (para calcular el déficit o superávit) y el estado del remanente de tesorería». De hecho, «no cuentan en general con inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados», o en casos «no concuerdan con los datos contables».