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Tras una semana de advertencias, reuniones entre los convocantes de los paros y el Ministerio de Transportes y el rechazo del resto del sector del transporte, los camioneros críticos pararon desde la medianoche del domingo al lunes sus vehículos para protestar por el incumplimiento de ... la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas y que fue aprobada en verano tras las graves protestas del transporte que se produjeron en marzo.
En cambio, en esta ocasión no parece que la movilización vaya a tener los mismos efectos. En marzo el paro también lo convocó la Plataforma en Defensa del Transporte, pero se les fueron uniendo diferentes asociaciones a lo largo de los días, lo que provocó el colapso de algunos centros logísticos y carreteras, lo que llevó al Gobierno a conceder ayudas directas al sector y la subvención de 20 céntimos por litro de carburante que después fue extendida al resto de conductores.
Durante la jornada del lunes el abastecimiento a los principales centros logísticos, mercados y carreteras presentaron «absoluta normalidad», confirmó Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), a quien no les constó «ningún incidente». También Astic (Asociación del Transporte Internacional por Carretera) reportó normalidad en el funcionamiento de sus empresas en carretera, puertos, centros logísticos y áreas de descanso.
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De la misma forma, desde Mercamadrid aseguraron que la entrada de mercancías se dio desde primera hora como cualquier otro día, aunque con la presencia de agentes de la Policía Nacional en la puerta. Y es que el dispositivo del Ministerio de Interior ha estado mucho mejor planificado en esta ocasión dados los graves incidentes que se produjeron en las protestas de marzo. Fuentes de Interior aseguraron que la situación fue de «normalidad», a excepción de un incendio de neumáticos en Algeciras, cuatro camiones en Villaescusa (Cantabria) y algunos pinchazos en Illescas (Toledo), incidentes que ya están siendo investigados por la policía.
Pero Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, advirtió que no descartan acciones más contundentes si no se atiende a sus demandas, como marchas lentas de camiones o cortes de autopistas. «No nos vamos a dejar engañar», alertó a los medios durante la manifestación por el centro de Madrid que tuvo lugar durante la mañana. Y aunque aseguró que no quiere que esto se convierta en un «pulso» con el Gobierno, insistió en que «se avecinan unas Navidades muy oscuras si la ley no se cumple».
La marcha fue menos multitudinaria de lo esperado, con unas 3.000 personas protestando, según los cálculos de la Policía, que se quedaron frente a las puertas del Ministerio de Transportes, obstaculizando el tráfico por el Paseo de laCastellana.
Para la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hoy en día este paro «no está justificado». En una jornada organizada por Invertia, recordó los «grandes esfuerzos» del último año para cambiar las condiciones de los transportistas y la respuesta a muchas de sus reivindicaciones.
Aún así, señaló que están dispuestos a seguir dialogando, pero dejó claro que los representantes son los del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), quienes rechazaron las protestas y una organización en la que los camioneros críticos no se sienten representados.
Durante su intervención, la ministra hizo también referencia a los peajes, el denominado pago por uso en carreteras que el Gobierno pidió implementar para financiar y modernizar las infraestructuras. Aunque señaló que sigue estando en la «hoja de ruta» del Ejecutivo, cree que no pueden implementarlo «sin un consenso que en la actualidad no existe». Aún así, recordó que los principios de «el que usa, paga» y «el que contamina, paga» están planteados desde hace muchos años en toda Europa.
Asimismo, adelantó que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, por lo que llegará al Congreso antes de fin de año para su tramitación. Entre los puntos más destacados, Sánchez apuntó la obligatoriedad de que cada nueva obra se someta a un estudio de rentabilidad socioecómica y a una evaluación cinco años después «para que no se vuelvan a construir aeropuertos sin aviones o estaciones de tren en medio de la nada», señaló.
Además, se impulsará el desarrollo industrial de los vehículo, barcos y trenes autónomos, así como la digitalización de los datos abiertos procedentes de operadores públicos y privados para «aumentar la competitividad y eficiencia» del sistema de transporte.
El Gobierno ha iniciado los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús para estudiar una liberalización en el sector y la entrada de la competencia en algunas líneas nacionales de autobús, según anunció la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en un acto organizado por la CNMC.
El regulador ha recomendado al Gobierno llevar a cabo una serie de medidas, entre las que se encuentra la liberalización de las rutas interurbanas con una longitud de trayecto superior a los 100 km. Y Pardo de Vera lo confirmó.
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