Yolanda Díaz quiere subir el salario mínimo a 1.082 euros al mes

«Vamos a tener una subida del SMI y conocen mi vocación, es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral, que sustancialmente afecta a jóvenes y mujeres», declaró la ministra en un acto de Ayuda en Acción. El ministerio encargó un informe a una Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida entre el 4,6% y el 8,2%; es decir, fijar un salario mínimo este año de entre 1.046 y 1.082 euros. CEOE propuso subirlo solo hasta los 1.040 euros, mientras que los sindicatos querrían llegar a los 1.100 euros.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, señaló tras las declaraciones de Yolanda Díaz que «no todas las empresas van bien» para poder afrontar la subida del SMI que quiere el Gobierno. «Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas», dijo en Zaragoza, para luego reclamar a las Administraciones Públicas que actualice el importe de los contratos públicos.

El Gobierno ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la nueva cantidad para este ejercicio. Cuando se apruebe el nuevo SMI tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, explicó Díaz, que mantiene la puerta abierta a revisarlo a mediados de año, en función de la inflación.

Por otra parte, la vicepresidenta reiteró su intención de pactar una cesta de la compra con los distribuidores para contener los precios de los productos alimenticios. De otro lado, subrayó que el año pasado el Ministerio de Trabajo regularizó 40.000 falsos autónomos, con lo que en tres años se han regularizado a 80.000 personas a las que no se había dado de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena cuando esa es su auténtica relación con su empresa.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo han convocado huelga este miércoles 25 de enero para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo alcanzado el 7 de julio de 2021. Los sindicatos denuncian la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Además, sostienen que el año pasado quedó sin ejecutar más del 20% del presupuesto previsto para la Inspección de Trabajo.