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Los sindicatos lo tienen claro: encarecer el despido hasta convertirlo en disuasorio será uno de los grandes caballos de batalla por el que pelearán esta legislatura. Y, aunque aún no hay Gobierno formado, UGT ya ha lanzado una primera propuesta concreta al futuro ejecutivo en ... esta materia: establecer una indemnización mínima de seis meses para los despidos improcedentes.
Así lo avanzó este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una entrevista al Canal 24 horas, uniéndose así a la demanda que recientemente hizo también CC OO, aunque en este caso sin llegar a precisar la cuantía. «Nosotros vamos a plantear que en España el despido mínimo sea de seis meses, de tal manera que efectivamente sirva de elemento que disuada a las empresas de abusar como están abusando del despido de las personas que llevan menos tiempo trabajando», advirtió.
UGT, por tanto, insta a tomar como ejemplo a Italia y fijar una indemnización mínima de seis meses para que así, al menos, represente un desincentivo para los contratos de corta duración, que siguen proliferando en exceso en España a pesar de la sobrecotización que impuso la reforma laboral.
El debate sobre el coste del despido vuelve a estar encima de la mesa estos últimos meses, más desde que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, haya prometido encarecerlo si lograr mantenerse en La Moncloa. Además, cabe recordar que sobre este asunto está pendiente que se pronuncie el Comité Europeo de Derechos Sociales tras sendas demandas presentadas por UGT y CC OO, que consideran que en España el despido improcedente es demasiado barato y debe elevarse su indemnización y adaptarla además a la situación personal de cada trabajador, una especie de despido a la carta, que es el que defiende también la ministra de Trabajo en funciones.
En esa denuncia UGT reclama al Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tengan en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida, como pueden ser la edad, el sexo, la situación familiar o el grado de formación, al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.
Álvarez también subrayó que pedirá que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba realmente hasta representar el 60% del salario medio, lo que, tomando como referencia los datos de Seguridad Social, Agencia Tributaria y Eurostat, lo situaría por encima de los 1.200 euros mensuales.
Asimismo, reivindicó que debe rebajarse en la nueva legislatura la jornada laboral semanal hasta las 35 horas, como paso previo para llegar al objetivo de las 32 horas, y que ha de hacerse por ley.
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