Todos los trabajadores podrán conocer el sueldo medio de los hombres y mujeres de su empresa

El Ejecutivo admite que la ley «pionera» en el desarrollo de los derechos de igualdad de género aprobada en 2007 ha obtenido unos resultados «discretos, cuando no insignificantes» y en la actualidad persiste una desigualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres «insoportable e injustificable» que «exige una actuación urgente y necesaria por parte del Estado, puesto que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus derechos fundamentales». Así es como justifica aprobar esta serie de medidas a través de un real decreto Ley, solo contemplado en casos de urgente necesidad, y puntualiza que «un mayor retraso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que no puede ser asumido por una sociedad moderna como la española».

Sin embargo, el Gobierno en esta nueva ley fija en un 25% el máximo de brecha salarial permitido, superior al 23% de media existente e la actualidad, según los últimos datos publicados en un informe de UGT. Y es que en este borrador se considera que habrá discriminación salarial por razón de sexo cuando en una empresa con al menos 25 trabajadores el promedio de las retribuciones a los empleados de un sexo sea superior en un 25% o más a los del otro sexo, teniendo en cuenta el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, salvo que el empresario demuestre con pruebas que hay «motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores» para que haya este gap.

Hasta ahora la brecha salarial no era posible cuantificar en la mayor parte de empresas españolas (con un tejido formado mayoritariamente por micropymes), pero en el momento en que esta Ley entre en vigor sí, puesto que en ella consta que «el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor». Y a este registro salarial tendrá derecho a acceder cualquier trabajador, según figura en el texto del borrador al que ha accedido este periódico.

A su vez, el Gobierno amplía a las empresas de más de 50 trabajadores la obligación de tener un plan de igualdad, algo que hasta ahora solo se exigía a las compañías de más de 250 empleados. De esta forma, casi 2,3 millones de trabajadores adicionales se verán beneficiados con un plan de igualdad, según los datos extraídos del Ministerio de Economía. Si a esto se le suma los 5,1 millones de personas ocupadas en grandes empresas, serán casi 8 millones de trabajadores.

Las en torno a 23.400 empresas que tienen entre 50 y 249 asalariados tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto para elaborar, negociar e inscribir de forma voluntaria el plan de igualdad -momento a partir del cual pasará a ser obligatorio-, que contendrá un conjunto de medidas evaluables sobre materias tales como el proceso de selección, la clasificación profesional, la formación, la promoción y la prevención del acoso sexual, entre otras. Para ello se creará un registro de planes de igualdad de las empresas que dependerá de la Dirección General de Trabajo y a su vez las comunidades autónomas contarán con su propio registro.

El Gobierno ha incluido en este borrador la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas para equipararlo con el de las mujeres. De esta forma, fija un permiso de 8 semanas desde su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de publicarse en el BOE), que aumentará a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021. Las seis primeras semanas se disfrutarán a jornada completa, mientras que las diez restantes podrán repartirse a jornada completa o parcial a lo largo del primer año de vida del hijo, sin que pueda cederse al otro progenitor.

Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que finalmente esta medida no se aprobará en esta legislatura, muy probablemente por el elevado coste que tendría (más de 300 millones solo para este año) y para lo que no hay consignada ninguna partida.

Mientras los sindicatos acogen con alegría un real decreto que recoge «casi todas sus reivindicaciones» en esta materia, desde CEOE su presidente, Antonio Garamendi, criticó este lunes una vez más recurrir a reales decretos-ley «en un periodo electoral» como el que se abre ahora en España sobre asuntos que «no son urgentes», como requiere la Constitución.