Los trabajadores en ERTE tendrán prioridad para hacer cursos de formación

Vincular los ERTE con la formación no es algo nuevo. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores ya establece la necesidad de promover entre los afectados por un ERTE acciones formativas vinculadas a su actividad profesional para aumentar su polivalencia e incrementar su empleabilidad. Sin embargo, en el preámbulo de la Orden, el Ministerio de Yolanda Díaz subraya que la normativa de formación profesional para el empleo «no siempre contempla la posibilidad de participación de los trabajadores en ERTE en las distintas iniciativas formativas o establece límites a dicha participación, lo que puede dificultar o impedir el acceso a las acciones formativas a un colectivo que especialmente requiere de las mismas». Ahora además se da un paso más al considerar a estos trabajadores colectivo prioritario de cara a su acceso.

Por ello, en este documento se adapta y flexibiliza la regulación de las distintas iniciativas de formación profesional para el empleo, tanto respecto de la oferta formativa de las Administraciones Públicas para trabajadores ocupados y desempleados, como respecto de la formación programada por las propias empresas para sus plantillas, con el objetivo de permitir y fomentar la participación en las mismas de los trabajadores en ERTE.

Esto supone que los trabajadores en ERTE podrán acceder a las iniciativas de formación que programen sus empresas y a la oferta formativa para ocupados, pudiendo participar en cualquier programa de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo. En este caso, los trabajadores en ERTE no tendrán la consideración de desempleados a los efectos del límite de participación establecido al mantener vigente su relación laboral con la empresa, aunque se encuentren en situación de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de jornada.

Pero a su vez los trabajadores en ERTE podrán también participar en la oferta formativa para desempleados y no computarán como ocupados a efectos de los límites de participación establecidos en este tipo de iniciativas (hay un máximo del 30% de ocupados en un curso de parados).

El Ministerio de Trabajo también ha aprovechado esta orden para adecuar algunos aspectos de la normativa de formación como el referido a los gastos en transporte público de los desempleados que deben desplazarse para participar en cursos formativos.

En concreto, el documento establece que los desempleados que utilicen la red de transportes públicos urbanos para asistir a la formación tendrán derecho a percibir una ayuda de 1,5 euros por día de asistencia al curso de formación.

En el caso de que sea precisa la utilización de otro transporte público para el desplazamiento, la Administración Pública competente para el abono de la ayuda determinará el modo de acceso, su cuantía y sistema de justificación.

Para financiar estos cursos no hay prevista ninguna partida presupuestaria, por lo que se costearán como es habitual a través de las bonificaciones en el caso de las acciones organizadas por las empresas o por subvenciones.

La necesidad de vincular los ERTE a la formación es una de las reclamaciones que se vienen haciendo y que, al contrario que en España, es habitual en otros países europeos, como Alemania. Recientemente desde el Banco de España se pedía un «uso intentivos» de estas posibilidades de formación durante un periodo de ERTE para reciclar a estos trabajadores.

También los sindicatos y expertos exigen que sea obligatorio utilizar este periodo sin empleo para formarse, bien en el propio sector, en digitalización o en otras habilidades, teniendo en cuenta los nichos de empleo que pueda haber.