Hasta 130.000 empleos en peligro si se sube el salario mínimo a 1.000 euros

Pues bien, un estudio publicado este martes por Randstad Research en colaboración con Cepyme le ha puesto ya cifra a cuál podría ser el impacto en caso de que suba 19 euros este año (la cuantía más alta dentro de la horquilla que maneja el Gobierno) y se eleve hasta los 1.000 en 2022, que es lo que piden los sindicatos para alcanzar un acuerdo.

Así, un incremento del 2% este año con un aumento del 5,3% en 2022 tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial. Más de la mitad de esta destrucción de puestos podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis de la covid-19, en los que se han perdido varios cientos de miles de empleo y donde aún están en riesgo decenas de miles adicionales por los ERTE que están aún en vigor, según destaca este estudio, que recuerda que supondría un crecimiento de más del 52% desde 2016.

Además, las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen.

El compromiso del Ejecutivo es que en 2023 el sueldo más bajo del mercado laboral español se sitúe en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Sin embargo, en este informe señalan que si este año se sube a 969 euros, solo cinco de las 17 comunidades autónomas incumplirían este mandato. Es más, el incremento del 2% supondría una proporción superior al 65% del salario medio en al menos nueve comunidades autónomas y superaría el 60% en doce, mientras que en dos de ellas estaría por encima del 73%.

Además, el estudio destaca que España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– entre 2016 y 2021 (47,7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por 5 y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia.

Desde Cepyme precisan que el incremento del SMI es competencia exclusivamente del Gobierno, aunque deben hacer una consulta previa con los agentes sociales. La patronal incide en que en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores se recoge que «deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo –que están todavía en tasas inferiores a las del período precrisis–, la productividad y la evolución del IPC, que, aunque presenta un incremento del 3,3% hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses».