Sánchez limita la derogación íntegra de la reforma laboral a «recuperar derechos»

El nuevo Estatuto de los Trabajadores, por el que aboga el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, no supondrá un punto y aparte de la actual normativa. Incluso el vicepresidente, Pablo Iglesias, habló de realizar un «desmontaje» de la norma, aunque insistió en que es favorable a la postura de EH Bildu. En ningún momento de su intervención ante la Cámara baja, Pedro Sánchez se refirió a una derogación completa. Sí recordó que en febrero el Gobierno anuló a posibilidad de despedir por acumular bajas de enfermedad, tras una sentencia del Constitucional. También en lo relativo al acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes para este año. O a la extensión de los ERTE hasta el 30 de junio, cuyo decreto ley fue validado este miércoles por el Congreso. Son tres pruebas de que, a su juicio, se ha recuperado el diálogo social roto por el anterior Ejecutivo «como consecuencia de la unilateralidad» aplicada.

Sánchez insiste en que su compromiso está plasmado «en el programa electoral, en el acuerdo de gobierno y en el debate de investidura». Ese texto hace mención a medidas concretas como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo tras la finalización de su vigencia hasta acordar uno nuevo; la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales; limitar las subcontratas; o evitar que una empresa aplique un descuelgue salarial si hay crisis. Pero las cuestiones más espinosas, como el coste del despido (33 días por año trabajado en salidas improcedentes) no están por ahora encima de la mesa.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también aclaró los términos en los que se realizará esa derogación de la reforma laboral. De sus palabras no subyace que el Gobierno vaya a tomar medidas en pocos días, cuando comiencen e vencer las actuaciones extraordinarias en vigor por la crisis de la pandemia, como indicaba el acuerdo con EH Bildu. Díaz reivindicó en el Congreso el diálogo social y el «lugar central» que deben jugar sindicatos y patronales. De hecho, llamó a los partidos a aprender de estas organizaciones y de los acuerdos alcanzados. «Aprendamos del dialogo social y permitamos que nuestro país afronte esta crisis con la serenidad y la cautela que se merece», apuntó la ministra.

En esa negociación no participan los empresarios, después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostrara sus discrepancias con el pacto sobre la reforma laboral de días pasados al tacharlo de «gran irresponsabilidad». El propio Garamendi se ausentará hoy de la reunión que tenía previsto celebrar el Ministerio de Economía junto a otros departamentos del Gobierno y agentes sociales para analizar los efectos de la crisis y la reconstrucción. Ante esta ausencia, Economía anuló el encuentro.

Por otra parte, la CEOE solo envió este miércoles a un técnico a la reunión de la Comisión tripartita con Trabajo y los sindicatos, y no a su representante habitual en este foro, Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de CEOE. Sin los empresarios en la mesa de diálogo social, no es previsible que haya avances en materia de legislación laboral a corto plazo. En ese encuentro se iban a tratar los sectores económicos sobre los que sí se podría prolongar los ERTE más allá del 30 de junio, sobre todo los estacionales y ligados al turismo o a la hostelería ante la frágil actividad a la que se enfrentan.