La subida salarial de los funcionarios se retrasa hasta que haya gobierno

«El Gobierno está firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con funciones plenas», dice el escrito que lleva la firma de Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia, y que ha generado las críticas de las organizaciones de los trabajadores.

Los sindicatos se preguntan por qué sí es posible subir la pensiones con el IPC antes de que termine el año a través de un Real Decreto ley -tal y como prometió la semana pasada Pedro Sanchez, esté en funciones o no- y no puede hacer esto mismo en el caso de los empleados públicos, cuando además se trata de un tema que ya estaba pactado con el anterior ministro, Cristóbal Montoro, y en el que se contempló una subida fija del 2%, a la que se podría sumar un alza adicional de hasta el 1,85% en función del crecimiento de la economía y del cumplimiento del déficit. En este sentido, en la carta que enviaron conjuntamente hace menos de un mes reclamaron al Gobierno que se apruebe la subida salarial para 2020 y que se cumplan los acuerdos sobre empleo, ya que, de lo contrario, podría haber «graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos, ahondando en su deterioro y marginando nuevamente a los trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas», según advirtieron.

El Gobierno sí admite en la carta que «comparte» el diagnóstico realizado por estos tres sindicatos y afirma ser «consciente del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de restricciones presupuestarias y de personal», algo que los sindicatos consideran «insuficiente». Así, CSIF cree que, «al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones, el presidente del Gobierno debería garantizar la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos». En este sentido, advierten de que con la actual coyuntura política, «es más que previsible» que el 1 de enero el Ejecutivo todavía esté en funciones y urge a recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, que cifran en una pérdida cercana al 20%.

CC OO, por su parte, ha convocado una movilización para el próximo jueves ante el Ministerio de Función Pública para entregar un escrito en el que exigen un compromiso claro para cumplir con el incremento salarial pactado, así como con la oferta de empleo público y los planes de igualdad, entre otras materias acordadas.

UGT urge además a impulsar una nueva negociación que culmine el proceso de recuperación de los derechos de los empleados públicos así como acometer el desarrollo de un nuevo Estatuto, paralizado desde su publicación en 2007, fundamentalmente en materias tan importantes como el empleo público, la clasificación profesional, la carrera profesional o las políticas de igualdad.