La oferta de empleo público para 2023 se queda a las puertas de las 40.000 plazas

Antes de que termine el año las diferentes Administraciones Públicas tendrán que haber convocado un total de 39.574 plazas, un 15,8% más que en 2022, y, además, tienen la obligación de haber realizado todas las oposiciones en un plazo máximo de dos años. Es más, con el fin de agilizar y modernizar los procesos, la fase de exámenes no podrá durar más de nueve meses y no se permitirán más de cuatro pruebas. Así se establece en el Real Decreto Ley que materializará, por tercer año consecutivo, la mayor oferta de empleo público con carácter ordinario de la historia, que creará de nuevo empleo neto (un total de 8.625 puestos) tras años de contención y recortes, y que goza del visto bueno de UGT y CSIF, pero no de CC OO.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha podido batir el récord total de plazas ofertadas del año pasado, casi 45.000, puesto que en 2022 se incluyó también una oferta extraordinaria para estabilizar los puestos ocupados por más de 10.600 interinos que este año no se ha repetido.

El grueso de los puestos ofertados corresponde a la Administración General del Estado, para la que se contemplan 29.818 plazas, de las que 19.947 son de libre ingreso (es decir, para nuevos funcionarios) y 9.871 de promoción interna (para promover los ascensos de los trabajadores).

Con el fin de desatascar el colapso que sufren las oficinas de la Seguridad Social, cada vez con más carga de trabajo y con una oleada de jubilaciones entre el personal, se destinarán 2.500 plazas para este organismo para facilitar la atención presencial, de las cuales 1.025 serán para la gestión del ingreso mínimo vital.

Asimismo, se dedicarán de forma específica 709 para los Entes Públicos y 1.094 para los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. Otro número destacado son los 8.790 puestos para funcionarios del cuerpo administrativo (subgrupo C1), para los que solo se les exige tener el Bachiller y que representan casi el 40% del total.

Para la Administración de Justicia se incluyen 1.907 plazas, lo que supone que es la mayor oferta de los últimos siete años, en el Cuerpo Nacional de Policía otros 2.833 puestos y para la Guardia Civil hasta 2.875. Otras plazas incluidas son 57 para personal docente, 66 para el personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. Hay que sumar además –según resalta el Ministerio de Hacienda y Función Pública– las 2.141 plazas que se aprobaron el pasado mayo para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que la atención a la ciudadanía de manera garantizada, la cohesión social y territorial y la innovación y digitalización son los tres ejes estratégicos de esta oferta de empleo, para lo que se dirigen más del 77% de las plazas.

El mayor número corresponderán a los servicios esenciales y atención a la ciudadanía, que suponen el 44,18% de las plazas, para lo que se incorporará personal en los servicios de atención directa, el impulso a la industria de la cultura, la sanidad y vigilancia de la salud, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la reforma integral y modernización de la justicia. Otro 20,97% de la oferta está vinculada a la cohesión social y la igualdad de oportunidades, donde destacan las plazas para empleo público inclusivo. Por último, el 12,07% restante se volcará en la digitalización y la innovación, al contemplar los puestos correspondientes a cuerpos y escalas centrados en la transformación digital y el I+D+i.