La negociación más discreta de la legislatura, embarrada de ataques a la patronal

Fue exactamente el 5 de mayo de 2022, cuando la inflación pasaba por uno de sus peores momentos, cuando los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, daban por rotas las negociaciones con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para lograr un pacto de rentas al que el Gobierno llamaba a acordar desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Entonces, las diferencias eran «insalvables», tal y como admitían unos y otros. Superado el verano, con los precios subiendo casi un 11% en pleno mes de agosto y la recomendación del Banco de España para contener los salarios, tampoco parecía haber visos de aproximación. Mucho menos con las elecciones de la CEOE a la vuelta de la esquina. Cuando Garamendi se enfrentó a esa cita en noviembre para revalidarse al frente de la organización de los empresarios, comenzaron a retomarse los contactos.

Pero solamente de puertas para adentro. Porque la conflictividad -al menos pública- era notoria entre empresarios y sindicatos. En realidad, ya se habían sentado a negociar. De forma muy sigilosa. Solo en algunos momentos de principios de año los agentes sociales confirmaban las primeras tomas de contacto.

Las conversaciones entre ambas partes han tenido tal punto de discrecionalidad que han avanzado en paralelo a los ataques lanzados por el Ejecutivo contra la patronal. Uno de los más impactantes fue el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien llegó a acusar a los empresarios de «señores con puros» que intentaban cercenar la acción del Gobierno. Lo hizo en julio, en uno de los plenos en los que presentaba su paquete de medidas anticrisis, con el nuevo impuesto a la banca y a las energéticas encima de la mesa del Congreso.

También la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha mostrado estos meses sus críticas a la postura de la patronal por no acceder a negociar el V Acuerdo para la Negociación Colectiva (AENC) mientras se incrementaban los beneficios de las compañías. La secretaria general de Podemos calificó de «capitalista despiadado» al presidente de Mercadona, Juan Roig, levantando de nuevo la ira de la patronal contra Moncloa. Incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó a los empresarios de «forrarse» y de «engordar los beneficios a costa de los salarios y el esfuerzo de los trabajadores».

Para empañar aún más las relaciones Gobierno-empresarios, la decisión de Ferrovial de cambiar su sede social de Madrid a Amsterdam erosionó aún más los lazos entre ambas partes. Pedro Sánchez y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, arremetieron contra el presidente de la constructora, Rafael del Pino. Garamendi, por su parte, lamentaba esa postura y advertía de que «van a espantar a los inversores». «Se han pasado», llegó a afirmar.

Con el Primero de Mayo de por medio, y los sindicatos exigiendo un acuerdo o se lanzarían a las calles en otoño, las posturas ya estaban muy cercanas. Pero nadie esperaba que el principio de acuerdo llegara apenas 72 horas después de esas concentraciones.

A falta de la rúbrica final, el de la AENC será último gran pacto laboral de la legislatura. Uno de los más sibilinos por la opacidad en las negociaciones. Se une al de la reforma laboral, que estuvo a punto de terminar anulado por una votación 'in extremis' en el Congreso que acabó salvando por error el diputado del PP Alberto Casero. Y a los de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), apoyadas en un principio por la patronal, aunque no así en las dos últimas revalorizaciones.