UGT y CC OO se movilizarán el 11 de febrero contra el Gobierno

Los motivos para esta protesta son «de amplio espectro», apuntó Sordo, pero el objetivo que persiguen es claro: cumplir con la agenda de reformas sociolaborales a las que se había comprometido el Ejecutivo en su acuerdo de coalición y que han quedado aparcadas ante la irrupción de esta pandemia. Si en un principio aceptaron aparcar las negociaciones y centrarse en paliar los efectos de la covid-19, tras el verano comenzaron a exigir retomar las tareas pendientes y ya se han cansado de esperar. Exigen que se pongan en marcha ya temas tan urgentes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que ha comenzado el año congelado y no tiene visos de resolverse, al menos en el corto plazo- o la derogación de las reformas laborales y la reforma de las pensiones de 2013.

«No vamos a renunciar a ninguna de las cuestiones que teníamos abiertas en marzo», advirtió el líder de UGT, Pepe Álvarez, que precisó que «lo queremos hacer ahora, no queremos esperar más». Por ello, el lema elegido para la movilización es «Ahora sí toca». En esta misma línea, Sordo criticó «la retórica en la que se está instalando nuestro país, que nos parece peligrosa, sobre una cierta condicionalidad que no existe y una cierta intervención externa sobre España de la UE que es contraproducente».

La reforma laboral es una de sus grandes reivindicaciones y los sindicatos piden que se recuperen los trabajos que ya tenían muy adelantados en febrero y que -aseguran- son perfectamente compatibles con los mensajes que tiene que lanzarle a Europa. «Queremos fechas y mesas de diálogo social para adaptar las reformas laborales a lo que necesita nuestro país y que pasan por una corrección en profundidad de los aspectos más lesivos, que en nuestra opinión son prácticamente todos», precisó Sordo. Así, ambas organizaciones abogaron por recuperar la negociación colectiva, limitar los despidos, mejorar la estabilidad y los elementos de flexibilidad interna pactada como los ERTE para que ante crisis como la actual el despido sea la última opción y regular la subcontratación, entre otros aspectos. «Esa agenda hay que recuperarla inmediatamente», defendió el líder sindical, que avisó que no van a admitir el derecho a veto. «No se puede lanzar el mensaje de que si no hay acuerdo no se toca nada», denunció.

La segunda exigencia es derogar la reforma de las pensiones de 2013 y «poner el contador en la reforma consensuada en 2011», lo que implica volver a revalorizar las pensiones según el IPC y derogar definitivamente el factor de sostenibilidad. Y, a partir de ahí, abordar el debate sobre cómo mejorar los ingresos del sistema, con la adecuación de los regímenes de cotización a los ingresos reales y sacando los gastos impropios.

Por último, los sindicatos advirtieron al Gobierno que no renuncian a un aumento del salario mínimo y exigirán que haga una propuesta de mejora, ya que la posibilidad real de llegar a un acuerdo con la patronal es «nula o casi nula».