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Acuerdo para regularizar la situación de más de 300.000 interinos de las distintas Administraciones Públicas. Según fuentes consultadas, el Ministerio de Función Pública con Miquel Iceta al frente, las comunidades autónomas y los sindicatos se han reunido en la tarde de este lunes para ... dar el visto bueno al pacto por el que se generará «un nuevo proceso de estabilización» con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector al 8%, desde tasas que ya superan el 30% por encima de la que registra el sector privado.
Tras semanas de intensas negociaciones, se ha cerrado ya el acuerdo definitivo para poder llevarlo el martes al Consejo de Ministros, que tendrá un marcado acento económico con la previsión de que también se dé luz verde al pacto de la reforma de las pensiones.
Según el documento pactado al que ha tenido acceso este medio, el proceso de estabilización «afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018».
Una de las principales novedades del acuerdo es que, finalmente, y tal y como adelantaron la pasada semana los sindicatos, los interinos que pierdan su plaza si se convocan oposiciones y no superan el proceso serán indemnizados con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. Una medida que no se aplicará, según reza el documento, en los casos de finalización de servicio por motivos disciplinarios o renuncias voluntarias.
El acuerdo establece, en concreto, que los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y que esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. «El interino tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo», indica el documento.
Para el proceso de estabilización que afectará a esas más de 300.000 plazas que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 «como fecha límite improrrogable», se autoriza una tasa adicional y, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto con hasta un 40% sobre el cómputo global.
Al mismo tiempo, para los temporales que no superen este proceso selectivo, se abre la posibilidad de que cada administración abra una bolsa de trabajo, similar a la que rige en algunos sectores como la educación, para que estos trabajadores tengan prioridad para cubrir una plaza vacante.
Del mismo modo, estos eventuales que no superen las pruebas recibirán una compensación económica igualmente de 20 días, por los años en situación de abuso de su contrato temporal. Estos procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera, para preservar también las aspiraciones de este colectivo.
En el caso del personal laboral temporal, y según establece el documento, la compensación consistirá «en la diferencia entre el máximo de 20 días y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades». Eso sí, aquellos que no se presenten al procedimiento no tendrán derecho a ser indemnizados.
Las partes firmantes también se comprometen a fijar un calendario de negociación en septiembre de 2021 para avanzar a través del diálogo social en el resto de materias contempladas en el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), en especial las relativas a la promoción interna, la provisión y la movilidad. De hecho, con la firma del acuerdo ya se crea la comisión de de seguimiento con el compromiso de vigilar su correcto desarrollo.
El documento del pacto también incluye algunas excepciones en las que, por razones «justificadas de necesidad y urgencia» se podrá contar con carácter temporal con personal funcionario interino en las Administraciones Públicas.
Por ejemplo, para la cobertura de plazas vacantes cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera, con una duración máxima de tres años desde el nombramiento del interino. También por sustitución transitoria de los titulares, «por el tiempo estrictamente necesario».
Del mismo modo, se establece que se podrán mantener eventuales «por exceso o acumulación de tareas, con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses».
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