Gobierno, patronal y sindicatos firman el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo

El documento consta de seis páginas. Y manifiesta el compromiso del Ejecutivo y los agentes sociales para «trabajar para los necesarios acuerdos en los foros correspondientes con el fin de acelerar la reactivación económica y la creación de empleo de calidad, y lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible».

Ello, haciendo uso de varios instrumentos. En primer lugar, el impulso a la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis de la Covid-19, «primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos». Además, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizara durante la pandemia «cuando las circunstancias así lo permitan» y «potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida».

Además, el documento plantea el desarrollo de «mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores» para que puedan acceder a los puestos de trabajo que se creen o puedan recolocarse en su misma empresa o en otra. Y es que se espera que muchos sectores se vean afectados por procesos de reconversión o transformación. En algunos casos, ya estaban en marcha, pero se prevé que la pandemia y la crisis los reaceleren. Y ello va a ser un relevante reto para la formación del capital humano y su reciclaje a las nuevas circunstancias.

Asimismo, se pretende el desarrollo de un marco adecuado de contribución compartida para los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Porque lo que se busca es que el papel de los ERTE se consolide, se convierta en un elemento estructural de la adaptación de la economía española y de absorción de los shocks, «en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica». En ese sentido, uno de los objetivos que se ha marcado el acuerdo pasa por la modernización del marco laboral «a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras».

También se incluye en el marco de este acuerdo la negociación de «un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral», con los objetivos combinados de aumentar la productividad de las empresas y la mejora de la situación de los trabajadores y la conciliación.

En cuanto a la transformación de la economía, el acuerdo marca unas líneas generales sobre la necesidad de poner en marcha un pacto por la industria, el impulso de la transición verde y la digitalización, el apoyo a la economía social, a los autónomos o el refuerzo de los servicios públicos en los diferentes niveles de la administración.

También hay un punto sobre el sistema público de las pensiones, respecto al que se manifiesta el compromiso para abordar «las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo» «protegiendo así su poder adquisitivo».

Y, en materia fiscal, el acuerdo pasa por la puesta en marcha de medidas para aflorar la economía sumergida, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

El acuerdo pone de manifiesto también que es «imprescindible» continuar el diálogo social, y las partes se emplazan a «intensificar» las reuniones en el plazo más breve posible. Para ello, se van a reactivar las mesas de negociación ya constituidas para abordar los compromisos recogidos en el documento en los foros correspondientes. «Las circunstancias excepcionales actuales exigen llegar a acuerdos amplios de país que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases de un crecimiento económico más sostenible e inclusivo», se puede leer en el primer punto del texto.

El presidente del Gobierno, los secretarios generales de los sindicatos y los presidentes de las patronales se han felicitado por el acuerdo. Y han insistido en la necesidad de continuar con el diálogo social. «Cuando España acuerda, España avanza», ha afirmado Pedro Sánchez, quien, además, ha señalado que el hecho de que durante la crisis se esté llegando a «acuerdos con regularidad», es «un excelente indicador de confianza que enviamos a nuestros socios europeos y a todo el mundo». El presidente también se ha referido a que si en una primera fase de la crisis la misión era la resistencia, con el diseño de un plan de choque para la protección de empresas y empleo, ahora el objetivo es conseguir la reactivación de la economía española.

En este sentido, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha animado al Gobierno a continuar «siendo ambicioso», a «no escatimar esfuerzos» y a «ponerlo todo en el asador, porque hay muchísimo en juego». Antonio Garamendi, presidente de CEOE, por su parte, ha asegurado que «aquí estamos para hablar, para consensuar, para sumar; la paz social es la mejor infraestructura de un país». Y si bien ha lanzado un guiño al Gobierno, deseándole lo mejor a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su candidatura a la presidencia del Eurogrupo, también le ha advertido de que se han de respetar los cauces del diálogo social, para «no enterarse por la prensa» de ciertas noticias, aludiendo a algún choque que ha habido entre la patronal y el Ejecutivo en relación con la reforma laboral de 2012 y su derogación, el ingreso mínimo vital o el teletrabajo.

Los dos representantes de la patronal también han tenido palabras sobre las subidas de impuestos anunciadas por el presidente Sánchez. Así, si Garamendi ha afirmado que «no comparte» el planteamiento fiscal y que «no es el momento» de elevar la presión impositiva, Cuerva ha manifestado que «es un error» diferenciar entre las grandes empresas y las pequeñas porque, a su juicio, la subida de impuestos a las primeras se acaba permeando a las segundas.

Por parte de los sindicatos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que el de este viernes «es un acto muy importante», porque «genera expectativas y confianza» al «abrir una puerta la reconstrucción del país». Asimismo, ha reivindicado el papel del gasto público y el del diálogo social: «Los agentes sociales han hecho un gran esfuerzo de consenso», «ahora es el momento de la confrontación de ideas, de los acuerdos, de las cesiones», ha manifestado.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, conectó con la idea de Sánchez de la proyección exterior de solidez y de solvencia que traslada el acuerdo a la Unión Europea por la voluntad que muestra de abordar la nueva fase de la economía española con «concertación social». Y reivindicó tal concertación social, como instrumento para dirigir los recursos a los sectores económicos con más futuro y corrigiendo un modelo laboral para que los despidos sean la última opción y se evite la devaluación salarial. Asimismo, afirmó que «más temprano que tarde» «España se va a tener que replantear el modelo de corresponsabilidad fiscal para reducir el diferencial» de recaudación tributaria que le separa de la media de la Unión Europea. Sin duda, en el marco del acuerdo, la discrepancia afloró en la cuestión impositiva.