La oferta de empleo público se reduce a 9.270 nuevas plazas para este año

El Gobierno puso encima de la mesa 1.209 nuevas plazas más que las planteadas en su última reunión del pasado jueves, pero aún así los sindicatos califican esta propuesta de «insuficiente», ya que son 1.685 vacantes menos que en 2019, cuando se aprobó una OEP histórica. En concreto, se convocarán oposiciones para cubrir un total de 9.270 nuevas plazas de funcionarios para la Administración General del Estado, que permitirán crear empleo neto, ya que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, según datos de CC OO.

Lo que sí es histórica es la oferta de promoción interna con 8.996 plazas para poder ascender de categoría en la Administración Pública, frente a las 8.350 que se convocaron en 2019. En total, el Ejecutivo ofrece 18.266 plazas para 2020, lo que supone un recorte de 1.030 respecto a la del año anterior. Cabe destacar, no obstante, que son 3.030 más que las que pretendía aprobar inicialmente.

«Es una OEP motivadora porque contiene una oferta de promoción interna récord que abre posibilidades de progresión en la carrera profesional», explica en un comunicado UGT, que precisa que destaca por su número la promoción a Cuerpos Generales (Gestión 1.200, Administrativo 3.005 y Auxiliar 1.500 plazas).

UGT fue el sindicato que menos crítico se mostró con esta última oferta del Gobierno. Así, pese a que tampoco firmó el acuerdo, valoró «positivamente» que el Ejecutivo haya «apurado totalmente todos los números que les permitía la ley de Presupuestos» y que se enmarca dentro de los criterios del acuerdo de marzo de 2018 para la mejora del empleo público. «Ya más lejos no pueden ir porque incumplirían la ley», sostuvo su representante, Carlos Álvarez, que la calificó de «insuficiente» por el déficit que arrastra la AGE, que ha perdido más de 43.000 puestos en la última década.

Más duro se mostró CC OO, que manifestó su desacuerdo tanto por el volumen como por la distribución de esta OEP. En este sentido, denunció que se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas de solamente un 6%, por lo que exige una convocatoria libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos. A su vez, considera que la propuesta de distribución descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral, unas plantillas que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.

Por su parte, CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, rechazó la oferta porque no cubre las necesidades estructurales y pone en riesgo la viabilidad de la Administración. Advierte además que puede provocar el colapso en ámbitos como la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). El sindicato exige un plan a tres años para reforzar las administraciones con 106.000 nuevos empleos.