Sánchez firma el nuevo salario mínimo con la mirada puesta en la reforma laboral

«Este Gobierno va a dar sorpresas y ya está empezando a darlas», auguró la nueva ministra de Trabajo, la única que compareció del Gobierno tras la firma, quien agradeció a «todos los miembros» del Ejecutivo el haber sido «cómplices cariñosos» en esta subida de 50 euros más al mes para las remuneraciones más bajas. Fue su forma de agradecer Iglesias la implicación personal que tuvo en este pacto.

Díaz volvió a negar una vez más que el fuerte incremento que registró el salario mínimo el año pasado tenga impacto alguno en la creación de empleo y, más directamente, esté relacionado con los problemas que está teniendo el sector del campo, que ayer volvió a manifestarse en diferentes regiones. «Ha habido un problema en el último trimestre del año que desde luego no ha sido el SMI. Razones propias lo van a explicar», entre las que citó la sequía.

No está de acuerdo con esta afirmación el presidente de la CEOE, quien pidió al Gobierno que se reúna con los representantes de los agricultores para abordar la crisis que atraviesa el sector. De igual forma, también exigió al Ejecutivo la desindexación de los contratos públicos para que la subida del 5,5% del SMI sea compensada por las Administraciones Públicas en los contratos ya firmados. Estas dos reivindicaciones las comparte con los sindicatos, por lo que la ministra tomó nota y prometió trasladárselo al Ejecutivo.

Amarrado ya el nuevo SMI, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, el próximo gran cometido será la derogación de la reforma laboral. Y, sin más dilación, será la gran protagonista de la primera reunión de la mesa del diálogo social, que se celebrará hoy mismo. En esta primera toma de contacto se abordarán los «elementos de mayor urgencia», que son todos los que tienen que ver con la negociación colectiva y la subcontratación, según precisó la ministra. «Hay que devolver a la negociación colectiva su propia voz», abogó Díaz, quien culpó a la reforma laboral de Mariano Rajoy de haber «secuestrado una herramienta clave del mercado laboral».

No será fácil llegar a un pacto en esta materia, a la vista de que Garamendi reiteró una vez más las 'bondades' de la reforma laboral de 2012. «Ha sido muy positiva», sentenció, aunque sí se mostró de acuerdo en trabajar para «mejorarla». Sin embargo, lanzó un mensaje al Gobierno: en función de lo «excesiva» que sea la contrarreforma, se sentarán a negociar –o no– un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge las recomendaciones para los más de 5.000 convenios colectivos que afectan a más de 11 millones de trabajadores. Y, de igual manera, condicionó un próximo acuerdo salarial al SMI de 2021. «Si el año que viene el salario mínimo sube excesivo y sin acuerdo, no podremos hablar más, porque la presión que tenga sobre el resto de salarios será inmenso».

Las organizaciones de trabajadores no quisieron participar en este debate. «No estoy por la labor de avivar polémicas antes de tiempo», apuntó Sordo, mientras que su homólogo de UGT vaticinó que «el no acuerdo [sobre la reforma laboral] tampoco tiene por qué ser un desacuerdo absoluto».

Además, el Gobierno prevé abrir en febrero nuevas mesas de diálogo social en torno otros temas como la formación, la industria o las energías renovables, entre otras.