Los parados recibirán una oferta anual de la nueva Agencia de Empleo

Para empezar, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desaparecerá para dar paso a la nueva Agencia Estatal de Empleo, que será la encargada de gestionar las políticas de empleo de todo el país y que, entre sus principales novedades, presenta el compromiso para ofrecer al menos una oferta de empleo, al menos una vez al año, a todas las personas inscritas. Si en seis meses no se ha producido una oferta, debe ofrecerse una razón expresa de por qué.

Para ello, esta norma obligará a todas las empresas a comunicar sus vacantes de empleo a la Administración, a través de un gran portal de información donde todo el mundo pueda conocer qué puestos de trabajo están disponibles y, a partir de ahí, establecer estrategias adecuadas. Según indican fuentes del Ejecutivo, este es un sistema que ya existe en países como Alemania. «Esto no impide que las empresas puedan transmitir también sus vacantes por el canal que quieran pero deben hacerlo», matizan fuentes del Ministerio. Añaden que esto se tiene que desarrollar mediante un reglamento.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que la medida será positiva para las empresas. «Se incorporan al sistema y serán las que definan las mejora de las políticas de empleabilidad. Es decir, el acompañamiento no va a ser solo para el parado, sino también para el empresario en una muestra más de colaboración público-privada», ha indicado.

La creación de este gran portal de información de ofertas de trabajo irá acompañado de la creación de una oficina de análisis de empleo, con la entrada de orientadores y tutores individuales (se estima que unos 7.000) para los usuarios en su búsqueda activa.

El mecanismo, además, incluye la posibilidad de que la conferencia sectorial pueda destinar partidas presupuestarias para que las entidades locales puedan acometer sus políticas activas de empleo, integrándolas en el proceso.

Según ha explicado la ministra, la idea final es que todos los datos digitalizados estén integrados que sirva para perfilar a los demandantes de empleo, además de contar con nuevos índices (uno de empleabilidad y otro de intermediación) que permitirán medir, palmo a palmo, la efectividad de las políticas puestas en marcha.

En el proceso, se elaborarán perfiles individualizados del usuario para mejorar su empleabilidad, teniendo en cuenta sus habilidades, la formación, la edad, si pertenece a un colectivo prioritario (en el que ahora se incluyen los parados procedentes de procesos de reestructuración en las empresas), la situación familiar, la movilidad geográfica, cuánto tiempo lleva en desempleo, etc.

«Queremos huir de la idea de que las oficinas de empleo acude gente desahuciada. También puede acudir gente a recualificarse o a buscar un empleo mejor», añaden desde el Ministerio.

Hay que tener en cuenta que el texto aprobado este martes es una primera lectura de la norma que, según las fuentes consultadas, puede tardar un año en desarrollarse.