Los empresarios avisan: si suben los impuestos peligra el incremento salarial

Así lo advirtió este martes la patronal tras la reunión mantenida en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la que también estuvieron presentes UGT y CC OO. Se trata del segundo encuentro tripartito en menos de un mes, que tenía como propósito principal presentar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado el pasado 5 de julio. En él el presidente les emplazó a crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores, aunque reconoció que en esta legislatura -que como máximo se prologará hasta 2020- no va a ser posible.

Pese a que el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, lo calificó como «una reunión de cordialidad extrema», las palabras que posteriormente pronunció en rueda de prensa reflejan el malestar que hay entre los empresarios por la idea del Gobierno de incrementar su carga impositiva, con el fin de recaudar más y así poder hacer un mayor gasto social, principalmente para pensiones. «Las empresas tienen sus costes y todo lo que sea un elemento de aumentos de costes puede hacer fracasar ese elemento de aumentos de salarios», advirtió Garamendi, en referencia a que esa subida de entorno al 2% (más otro punto adicional en función de factores como la productividad) que se recomienda en el acuerdo sería difícil llevarla a cabo, así como establecer progresivamente un salario mínimo por convenio de 14.000 euros brutos anuales, la medida 'estrella' del acuerdo para luchar contra la precariedad laboral. «Si hay que pagarlo por un lado no se podrá pagar por el otro», insistió el presidente de las pymes, por lo que pidió al Ejecutivo «mucha tranquilidad y mucho estudio sobre todo en ese tema de las cargas fiscales, que afectarían de forma medular a las empresas».

Más prudente fue el presidente de CEOE, Juan Rosell, que evitó rechazar de forma categórica una subida de impuestos, pero sí hizo hincapié en que la tributación empresarial en España es similar a la del resto de Europa, y en algunos casos incluso superior, por lo que consideran que «es la línea de impuestos que debemos tener». Así, recordó que solo Francia tiene unas cotizaciones sociales mayores, mientras que en el resto de impuestos están a la par.

No opinan así los sindicatos, a los que les sentó como un jarro de agua fría estas declaraciones de la patronal. «Acabamos de firmar un acuerdo y hay que cumplirlo. No hay ningún elemento que pueda hacer que se rompa, y menos la política que pueda anunciar un Gobierno. Me parece poco serio», criticó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que se mostró a favor de modificar la tributación que existe en España. «Este es un país en el que se pagan pocos impuestos en relación con el entorno europeo, porque hay empresas que utilizan elementos multinacionales para pagar menos de dos dígitos», precisó Álvarez, que cargó duramente contra la fiscalidad de las tecnológicas.

En esta línea se manifestó el líder de CC OO, Unai Sordo, que abogó por recaudar más en el Impuesto de Sociedades, ya que la mayoría de las empresas paga en torno a un 10%. «Las empresas hoy en España están mayoritariamente en beneficios y tienen margen para subir salarios», defendió Sordo, que apostó por abordar de «manera integral el problema impositivo que hay», ya que se ingresa siete puntos de PIB menos que el resto de la UE.

Pero pese a la confrontación que existe en este tema, hay otros muchos puntos en los que Gobierno, sindicatos y patronal parecen estar de acuerdo, que son básicamente las medidas que plasmaron también en el anexo del IV AENC y que tiene que ver con modificaciones en las relaciones laborales. A este respecto, el propio presidente del Ejecutivo emplazó a los agentes sociales a comenzar a trabajar sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acorde al siglo XXI y a los «nuevos retos de la economía y del trabajo», y se comprometió a convocar la mesa del diálogo social para abordarlo ya en este mes de julio, según el comunicado enviado por el Ministerio de Empleo.

Pese a este interés, el Gobierno es consciente de que la minoría parlamentaria y el tiempo van en su contra, por lo que reconoció que «difícilmente» se podrá llevar a cabo en esta legislatura, más cuando se quiere hacer con un amplio consenso, según explicaron los sindicatos. Sin embargo, UGT y CC OO resaltaron que sí que hay medidas que hay que poner en marcha de manera inmediata, como es modificar la ley de desindexación para que el pacto salarial pueda aplicarse a los trabajadores de las empresas públicas y mejorar la calidad del empleo de las subcontratas con la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, entre otras.