Díaz plantea indemnizaciones por despido diferentes en función de las circunstancias del trabajador

«El despido no se ha abordado nunca en España, no se ha trabajado de fondo, solo se ha operado con los días de indemnización, abaratando el despido, pero esto no va de eso», explicó este miércoles Díaz durante un encuentro sobre la reforma laboral y el futuro del empleo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El planteamiento que quiere llevar la vicepresidenta a la mesa del diálogo social que aborde el Estatuto del Trabajo del siglo XXI es realizar un tratamiento diferente de las causas y avanzar hacia lo que ha denominado el «despido reparativo o restaurativo», que –precisó– supone una indemnización diferente en atención de cuál sea «el impacto» que el despido pueda tener en las personas.

Pese a que la ministra aseguró que será el «diálogo» el que decida qué factores se tendrán en cuenta para calcular las indemnizaciones, sí dejó caer que serán elementos como la edad, la formación, el género o incluso la renta o el tipo de hogar (no es lo mismo si el trabajador tiene familia que si no la tiene). Hasta ahora la indemnización difiere en base a la causa de la rescisión del contrato, de la antigüedad del trabajador en la empresa y de su salario.

«El despido reparativo ha de ser diferente. Esto es lo que no hace España y lo que se baraja en Europa», señaló la diputada gallega, que incidió en que el problema no radica en la indemnización –que es lo único que se ha tocado hasta ahora: el número de días por año trabajado que se pagan–, sino que el problema está en la «restricción de las causas», es decir, en limitarlas más para que no se pueda despedir tan libremente y a un coste barato.

Con la defensa de un despido más a la carta, la vicepresidenta se posiciona del lado de UGT, que denunció hace unos meses al Gobierno en Europa por el bajo coste del despido, al entender que que la compensación no es «suficientemente reparadora y proporcional». El comité europeo aceptó la reclamación y tendrá que dictar una sentencia al respecto que podría suponer cambios en la legislación.

En cualquier caso, Díaz reconoció que pudiera ser que no le diera tiempo a resolver este tema en lo que queda de legislatura, viendo que las negociaciones con los agentes sociales se suelen demorar, a la vista de que la reforma laboral y el Estatuto del Becario han durado lo que un parto: nueve meses, y la del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI aún no ha comenzado.

Lo que sí ha de cerrarse antes de que termine el año es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. La vicepresidenta segunda no ha querido hablar de cifras concretas y aseguró que ella «nunca» va a la mesa con una cantidad y tampoco lo va a hacer ahora. «La ministra de Trabajo es la que menos habla. Yo hablo poco y dejo que hablen los demás», precisó.

Sin embargo, sí dio pistas de por dónde puede situarse la subida. Así, citó hasta en tres ocasiones al vicepresidente del BCE, el exministro de Economía del PP Luis de Guindos, quien desveló que en una reunión tripartita que mantuvieron la semana pasada pidió subir los salarios un 5% en Europa, algo que «no es casual», sino que lo hace porque sabe que «el riesgo de morosidad y empobrecimiento es absolutamente real».

Lo que aseguró es que el SMI no lo decidirá la comisión de expertos a la que ha encargado actualizar las recomendaciones que hicieron con datos más recientes, sino «la mesa del diálogo social», que convocará en el mes de diciembre; es decir, que dejó la pelota en el tejado de los sindicatos y la patronal. Asimismo, dejó claro que ella prefiere una subida del salario mínimo más moderada si es con acuerdo, lo que pudiera entenderse como que el incremento pudiera ser inferior a la inflación y no llegar a esos 1.100 euros que reclaman los sindicatos. «Si soy capaz de conseguir un acuerdo, prefiero la garantía de legitimación de ese acuerdo, el mensaje que lanzamos a la sociedad en un momento de incertidumbre».