Díaz da marcha atrás y accede a permitir las prácticas extracurriculares de los becarios

Así, Díaz da marcha atrás y renuncia a su objetivo de eliminar de golpe y porrazo las prácticas extracurriculares con la idea de atraer al pacto a la CEOE, uno de los temas más polémicos y que había enquistado la negociación ya que la patronal es contraria a su supresión. Para ello, el nuevo documento al que ha tenido acceso este periódico ha ampliado el periodo transitorio a tres años desde la entrada en vigor de la norma para todas las prácticas extracurriculares –que, a diferencia de las curriculares, son voluntarias y no forman parte del plan de estudios–, sin excepción. En la anterior redacción el plazo para la inmensa mayoría de estos becarios era de un año, aunque se extendía a tres años para aquellas titulaciones donde no estuviera previsto la realización de prácticas curriculares, que eran menos del 20%.

Por ello, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió este jueves a Trabajo que no apoyarán el nuevo documento y que, en caso de que se mantengan las prácticas curriculares, «romperán» el acuerdo que tenían.

Lo que sí se mantiene en el Estatuto es la mayor parte de derechos que introduce la norma para los becarios, como la imposibilidad de trabajar de noche o por turnos; la compensación de los gastos de transporte, alojamiento y manutención; o el acceso a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, tales como el parking o la comida. Además, se limita el número de becarios por empresa, de forma que no podrán superar el 20% de la plantilla de cada compañía con carácter general, aunque cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de trabajadores en plantilla.

Otro frente que sigue sin cerrar la vicepresidenta segunda es el conflicto con los inspectores de trabajo; es más, lejos de remitir, se agrava. Ya se ha convocado la segunda huelga general de este colectivo para el 25 de enero y, además, se suman ya todos los sindicatos para denunciar «el absoluto abandono» de este organismo encargado de luchar contra el fraude laboral y velar por la salud y seguridad de los trabajadores.

Los sindicatos denunciaron ayer el «palmario incumplimiento» del acuerdo suscrito con el Ministerio de Hacienda en verano de 2021 para ampliar plantilla y mejorar sus condiciones y advirtieron que «el deterioro del organismo roza niveles peligrosos que pueden poner en cuestión la capacidad su respuesta».