Díaz llevará a Glovo ante la Fiscalía por incumplir la ley rider

«Vamos a instar a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe invasión de la escena penal, si se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en esta materia», advirtió Díaz durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Este aviso sucede apenas unos días después de que la Inspección de Trabajo impusiera a Glovo una multa millonaria, de 78,9 millones de euros, por operar con más de 10.600 falsos autónomos; otra más en su largo historial plagado de sanciones. «Soy clara, no vamos a parar. Y sí, el peso de la ley va a caer contra aquellas empresas, una pequeña parte, que incumplan estas normas», apuntó la vicepresidenta, que recalcó que «la ley rider se va a cumplir y las empresas rebeldes se van a acometer al estado social y de derecho».

Díaz recordó que la Inspección de Trabajo, que lleva en estos últimos años persiguiendo de forma activa este tipo de delito, ya ha actuado «contra dos empresas» que han «abusado con falsos autónomos» y «practican obstrucción» a la Inspección de Trabajo -en clara alusión a Glovo y Uber Eats-, algo que calificó de «muy grave» y advirtió que «no lo vamos a consentir».

Desde la aprobación de la ley rider, se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074, todos ellos contratos indefinidos, según señaló la ministra, que hizo hincapié en que esto demuestra que «la ley está funcionando» y que la mayoría de las empresas «están cumpliendo con sus obligaciones».

La ministra, asimismo, indicó que las sanciones a Glovo ascienden a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de liquidación. Además, estima en 29.513 los trabajadores afectados.

La ley rider, en vigor desde agosto de 2021, obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores. Así, la norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.