Ya es definitivo y oficial. Los más de 3,5 millones de empleados públicos que hay en España (con datos de la Encuesta de Población Activa) tendrán este año una subida extra de sus salarios del 0,5%, un alza que se consolida y además ... se abonará con carácter retroactivo desde el pasado enero.
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La confirmación viene de la mano del dato del IPCA del mes de septiembre que publicó este jueves el INE, que eleva su tasa de variación anual al 3,2%. Se cumple así el pacto al que el Gobierno llegó con UGT y CC OO en la Mesa General de las Administraciones Públicas: si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 supera el 6%, como así ha sido, los empleados públicos recibirán otro 0,5% adicional al incremento fijo del 2,5% acordado para este año. De esta forma, la subida total se eleva ya al 3%.
Sin embargo, lo que no es totalmente seguro es que esta alza y la 'paguilla' que recibirán los empleados públicos con los atrasos desde enero se haga realidad ya en su nómina de octubre, como así estaba pactado. Desde el Ministerio de Hacienda no lo dan por garantizado y aseguran que, aunque esa es la «intención» del Gobierno, «hay que ir paso a paso», según explicaron a este periódico. Así, alegan que primero el INE tiene que comunicar este dato oficialmente al Ministerio y, después, el acuerdo tiene que aprobarse de nuevo en el Consejo de Ministros.
Además, esta subida del 3% que tienen ya asegurada para 2023 puede incluso elevarse otro 0,5% extra, aunque en este caso su abono se demoraría hasta los primeros meses de 2024, pero de igual manera se haría de forma retroactiva desde enero de 2023. Es la otra letra pequeña que pactó Hacienda con los sindicatos: un 0,5% adicional si el crecimiento del PIB español de este año llega al 2,1%, algo que es bastante más que probable, según las últimas previsiones del Gobierno y de otros organismos como la OCDE, la Airef o el Banco de España.
Asimismo, en 2024 tendrán otro incremento fijo del 2%, aunque dependerá de si hay Gobierno para cobrarlo ya desde enero, puesto que podría retrasarse su materialización si el Ejecutivo sigue en funciones o hasta que no se aprueben unos nuevos presupuestos.
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