El comité de expertos propone subir el SMI hasta 1.047 euros en 2023

Y el criterio de estos expertos es que habría que subirlo de los 950 euros actuales a una horquilla de entre 1.012 euros y 1.047 euros al mes para alcanzar el 60% del salario medio en España y cumplir así con lo que recomienda la Carta Social Europea, según el borrador que se filtró ayer y que dieron por bueno los sindicatos.

Significa esto que en dos años y medio tiene que elevarse entre 62 y 97 euros, es decir, un incremento de entre el 6,5% y el 10,2%. Se trata, por tanto, de un alza bastante inferior al que se ha registrado en los tres últimos años, cuando ha subido aproximadamente un 30%. En 2019 experimentó el mayor avance de la democracia al incrementarse de golpe un 22% hasta los 900 euros, más de 150 euros de alza, lo que –según el Banco de España– provocó una merma en la creación de empleo de entre 94.200 y 173.000 puestos de trabajo.

Asimismo, este incremento es sensiblemente inferior al que estimaban tanto Unidas Podemos como UGT, que defendían que el 60% del salario medio se situaba en los 1.200 euros al mes, y está más en sintonía con los 1.050 euros que consideraba CC OO.

Y es que determinar dónde había que situar el 60% del salario medio ha sido un objeto de disputa, por eso el Gobierno encargó esta tarea a esta comisión formada por 14 expertos. Porque este es uno de los grandes compromisos del acuerdo de coalición: elevar a final de legislatura la renta suelo hasta ese 60%.

Y se va a cumplir. Así lo reiteró ayer Montero, aunque dejó entrever que el alza podría retrasarse hasta el año que viene, algo que debatirán en el seno del diálogo social para tratar de llegar a un acuerdo. «El Gobierno va a cumplir con su compromiso, pero podremos discutir cómo lo distribuimos entre 2022 y 2023 o si incorporamos a 2021», precisó. La ministra de Hacienda ya se alineó a final de año con el ala más moderada del Ejecutivo, liderada por Nadia Calviño, y defendieron que era mejor no subir de momento el SMI este año por el impacto causado por la pandemia. El presidente respaldó esta postura al menos para la primera mitad del año, que choca con la que mantiene la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aboga por incrementarlo pese a la crisis.

«Para el Gobierno es importante llegar a ese compromiso pero también que sea compatible con la generación de empleo para llegar a cifras prepandemia y, si es posible, recuperar las expectativas de ocupación que teníamos antes de la pandemia», apuntó Montero, que insistió en que «tenemos que equilibrar esa mejora del poder adquisitivo pero garantizando que eso no va a ser a costa de pérdida de trabajo».

Los sindicatos volvieron ayer a presionar al Gobierno y le urgieron a convocar «de inmediato» la mesa del diálogo social para negociar la subida del salario mínimo, una reivindicación que les ha llevado a movilizarse en las calles en estos últimos meses. «Ahora que las previsiones económicas son favorables (el Banco de España prevé un crecimiento del 6,2% para 2021) y empieza a crecer el empleo, es el momento de revalorizar el SMI», sostienen en un comunicado conjunto UGT y CC OO, que defienden que «no se puede demorar más la decisión».

Los sindicatos respaldaron el trabajo realizado por este comité, si finalmente es tal y como se ha filtrado, y consideran «apropiado» su análisis técnico para calcular el 60% del salario medio. Concretamente, este comité propondrá al Gobierno tres opciones de SMI para 2023: la más baja se sitúa en los 1.028 euros al mes, una media que sería de 1.028 euros y la más alta que llega hasta 1.047, todos repartidos en 14 pagas.

La segunda tarea que tenía encomendada este grupo de 'sabios' era diseñar la senda para realizar esta subida hasta 2023. Los expertos también proponen dos opciones: una que sería mantener el SMI cogelado este año y subirlo los dos siguientes, y otra que maneja una pequeña alza ya en esta segunda mitad del año de entre 2 y 18 euros.

En cualquier caso, esto es solo una sugerencia, ya que este informe será analizado y valorado por el Gobierno, que será quien tome la última decisión, no sin antes consultárselo -o al menos hacérselo saber- a los agentes sociales.