Los empresarios mostraron este jueves una vez más su rechazo a una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. En esta recta final de año el Gobierno al menos tiene que convocar a los agentes sociales para tratar este tema, aunque en realidad ... se trata de una mera consulta previa, ya que la decisión compete a Moncloa. Así, cuando llegue el momento de la reunión, el Ejecutivo ya sabe cuál va a ser la postura que defienda la CEOE: no quieren otro incremento de la remuneración más baja del mercado laboral en plena pandemia, después además de que se haya elevado casi un 30% en los dos últimos años hasta los 950 euros al mes.
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«Pensamos que no es el momento de hablar de estos temas», dijo con rotundidad el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la rueda de prensa de presentación del catálogo con '21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española' elaborado por su organización con el objetivo de contribuir a una inversión lo más eficiente posible de los fondos asociados al Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU.
«Con la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables, después de que el año pasado no se indexaron los contratos públicos que afectan a una serie de empresas al salario mínimo y valorando con toda claridad que lo importante es el empleo, que incluso la propia Unión Europea ha planteado en un documento que habría pérdida de empleos como consecuencia de esta subida, desde luego no es el momento de hablar de esta subida», defendió el líder de los grandes empresarios, que dejó claro que la prioridad ahora es que se reactiven los trabajadores en ERTE y crear nuevos puestos.
Pero incluso más crítico se mostró con el debate que surgió la semana pasada a raíz de unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que desveló que el Ministerio de Trabajo está estudiando aplicar una semana laboral de cuatro días, algo que este miércoles negó la ministra portavoz, María Jesús Montero. «No vamos a comentar ocurrencias sobre lo que cada día se le ocurre a alguien», precisó Garamendi visiblemente enfadado. «Estamos en una situación bastante seria como para entrar en debates que no tocan cada vez que a alguien se le ocurre algo», reiteró, poniendo de relieve que estos debates «lo único que generan es desconfianza e incluso podría provocar que las empresas no quieran contratar».
En este sentido, desde la CEOE reivindicaron la importancia de que dinero que proceda de los fondos europeos se utilice «preponderantemente» para el sector privado. «Creemos que debe servir para modernizar las empresas y su competitividad», defendió el vicepresidente de la organización Íñigo Fernández de Mesa, quien aseguró que cada euro público que se dirija a esto, puede generar hasta cuatro euros de inversión privada. «El impacto económico es hasta tres veces más si se usa para modernizar las empresas que a otros fines», incidió.
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Lo que pretende la patronal con estas iniciativas es que el dinero se use de la forma «más eficiente posible» y para ello pidió protagonismo. «Estamos dialogando con el Gobierno y creemos que hay una buena gobernanza donde el sector privado tenga capacidad de ser escuchado para que el uso del dinero sea eficiente y genere crecimiento económico», precisó Gaaremendi.
Según la patronal, estas 21 iniciativas están «especialmente orientadas» a acelerar y consolidar la doble transición ecológica y digital, así como la reindustrialización del país. Además de agilizar la recuperación y la transformación a través de las capacidades de las grandes empresas españolas, la configuración de las propuestas también da respuesta a la tracción y arrastre de los fondos hacia las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Para CEOE, de esta forma, «España logrará un alto impacto en el crecimiento económico y el mantenimiento y generación de empleo de calidad».
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Pero no solo eso, sino que el presidente de la patronal recalcó que la «auténtica prioridad» es poner en marcha reformas e inversiones. «Ambas van juntas y unidas, deben articularse conjuntamente para asegurar el máximo impacto posible en España de los fondos», defendió.
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