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El Gobierno tendrá que cambiar su propuesta de contrarreforma laboral si quiere llevarla a cabo con acuerdo en el seno del diálogo social. La patronal la rechazó este jueves abiertamente y se negó a seguir negociando en la reunión tripartita que mantuvieron. A la salida, ... envió un duro comunicado contra el Ministerio de Trabajo, al que acusó de poner en riesgo los fondos europeos con un planteamiento «inaceptable», «regresivo», «intervencionista» y «lesivo para el empleo».
Estos fueron algunos de los calificativos que utilizaron para referirse a la propuesta que les ha hecho el departamento dirigido por Yolanda Díaz y que pretende, entre otros aspectos, poner fin a la contratación temporal, limitándola exclusivamente a picos de producción imprevistos, y dar mayor poder a los sindicatos en la negociación colectiva, al devolver la prevalencia al convenio del sector sobre el de empresa y recuperar la ultraactividad de los convenios.
La patronal exige así al Gobierno para volver a sentarse en la mesa presentar «un planteamiento nuevo, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas».
En este sentido, explicaron que todas las organizaciones empresariales de CEOE y Cepyme rechazaron por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo con la que se pretende modernizar el mercado laboral y la consideran «inaceptable». Asimismo, advirtieron de que estos planteamientos van en contra de la adaptabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo en la actual coyuntura de incertidumbre y transformación, así como de las directrices que marca la Comisión Europea en esta materia. «Se está poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia», avisaron.
A su juicio, el texto responde a una «motivación ideológica sin fundamentos económicos» y aseguraron que no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de los trabajadores. Además, la organización liderada por Antonio Garamendi acusó al Gobierno de generar «desconfianza» y «sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad».
A este respecto, argumentaron que la temporalidad es un «elemento intrínseco» a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y de los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40% e incluso supera el 50% en muchos territorios. Para la patronal donde hay que actuar es en la temporalidad irregular y no causal, diseñando herramientas nuevas que pongan límites a esta situación.
CEOE y Cepyme asegruaron que si el Gobierno persevera en esta dirección, «será sin su apoyo». «Solo si España recupera, o incluso supera, los niveles de actividad previos a la crisis, afrontando al mismo tiempo la modernización del modelo productivo y la recualificación de los trabajadores de la mano de los fondos europeos, podemos lograr el objetivo compartido de creación sostenida de empleo, de calidad y con las mejores condiciones», precisaron.
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