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La negociación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 empezó este miércoles sin la presencia de uno de los interlocutores y con las posturas muy enfrentadas, por lo que parece más que probable que, tal y como adelantó este periódico, comience el nuevo año ... congelado en los 1.000 euros brutos al mes.
La CEOE consumó su advertencia y no acudió a la mesa del diálogo social convocada por el Ministerio del Trabajo: mantiene así su propósito de no reunirse con el departamento liderado por Yolanda Díaz hasta que no rectifique y elimine la enmienda que recupera el control previo de la Inspección de Trabajo sobre las causas de los ERE, lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos.
Sin embargo, la patronal, el mismo día en que celebraba la primera Junta Directiva tras la renovación de Antonio Garamendi como presidente, lanzó un órdago al Gobierno al enviarle por escrito una propuesta propia de subida de la renta más baja en España. Así, los empresarios, cuyo discurso hasta ahora era que no se incrementaran más los costes laborales, se abre a aceptar un incremento del salario mínimo del 4% para 2023 que lo sitúe en los 1.040 euros mensuales, repartidos en 14 pagas.
Este nivel está solo un poco por debajo de la opción más baja de subida que recomiendan los expertos en el informe que se hizo público el pasado lunes. Concretamente, el comité propone elevarlo el año que viene entre un 4,6% y un 8,2% para aumentarlo hasta una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros brutos, que consideran sería la cuantía con la que se cumpliría el compromiso del Gobierno de situarlo al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social europea.
La CEOE, sin embargo, impone al Ejecutivo dos condiciones para aceptar esta subida –mucho más moderada que la que exigen los sindicatos- de 40 euros al mes: rebajar un 20% las cotizaciones sociales en el sector agrario, que es el que más afectado por el salario mínimo, y modificar la ley de revisión de precios en los procesos de contratación pública para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución e indexarlos a este nuevo incremento.
Los empresarios explican que se trata de una posición «acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo» y recalcan que su prioridad para 2023 es mantener el empleo del eslabón más débil del mercado de trabajo, al tiempo que advierten que la economía española no ha recuperado su nivel prepandemia y la productividad está a su vez un 4,9% por debajo.
Los sindicatos, por su parte, sí acudieron a la cita con Trabajo y reclamaron una vez más elevar el SMI hasta los 1.100 euros al mes para mitigar el impacto de la inflación en este colectivo formado por unos dos millones de trabajadores. En realidad, CC OO sí estaría dispuesta a aceptar la subida más elevada que plantean los 'sabios' ya que propusieron al Gobierno elevarlo entre los 1.082 euros y los 1.100 euros, mientras que UGT se mantuvo inamovible en los 1.100 euros.
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