El nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está decidido a reducir las altas tasas de temporalidad en la administración pública para lo que quiere modificar el estatuto básico del empleado público para establecer la obligatoriedad de las administraciones de cubrir en ... un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por interinos, empleados sin contrato fijo.
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En su primera comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta aseguró ser «muy consciente» de las demandas de las plataformas de interinos ante la problemática de la temporalidad, por lo que afirmó que dará «respuesta y solución» a este tema. Además, achacó este problema a la «austeridad» de los últimos años, ya que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición fueron del 0%, lo que hizo que las administraciones se vieran «abocadas» a la contratación de interinos.
Su objetivo es reducir la tasa actual de temporalidad a través de medidas «eficaces» que eviten «nuevas bolsas de empleo temporal». El ministro anunció que desde su gabinete quieren «prevenir y sancionar el abuso y fraude» en la temporalidad, para que los casos de interinidad sean la excepción y se «delimite» su duración máxima.
Y aunque en los Presupuestos Generales para este año se han elevado las tasas de reposición al 100%, admitió que no resolverá la bolsa de empleo temporal actual. «Me he encontrado a personas que me dicen que llevan 20 años de encadenamiento de contratos temporales, muchos de ellos incluso en la misma plaza», señaló Iceta, que explicó que en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad es del 8%, pero que en la administración autonómica supera el 30% -se concentra en salud y educación- y en los ayuntamientos ronda el 13%.
«Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro», apuntó.
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El objetivo del Gobierno es que la tasa de temporalidad no supere el 8% en el conjunto de las administraciones para lo que la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que se reunió el pasado 25 de marzo, está trabajando en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición «flexibles» a aplicar para poder «absorber en un plazo razonable» las plazas estructurales ocupadas por personas interinas.
Para ello, el ministro anunció que el Gobierno invertirá 1.000 millones de los 4.000 del componente 11 del Plan de Recuperación en reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. Del total, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades y ayuntamientos y los 30 restantes los gestionará el Ministerio de Función Pública.
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Así, Iceta confía en que antes del verano comunidades autónomas, ayuntamientos y sindicatos alcancen un acuerdo sobre este tema. Con ello, el Gobierno aprobará previsiblemente en septiembre el anteproyecto de ley de Función Pública en la Administración General para «consolidar un modelo público eficaz y motivador con una materia de recursos humanos más flexible».
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