El Gobierno no subirá más de un 1 % el sueldo a los empleados públicos

Los sindicatos mayoritarios de este colectivo mostraron su total desacuerdo con lo que consideran una subida mínima por la que los empleados públicos vuelven a perder poder de compra, teniendo en cuenta que la previsión de inflación media para 2017 se sitúa en torno al 1,5 % y que ya en este 2016 perdieron seis puntos de poder adquisitivo, puesto que también se les aplicó una subida del 1 % y el IPC cerró diciembre en el 1,6 %. Al mismo tiempo, anunciaron que comenzarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con la intención de presentar una serie de enmiendas.

«Nuestra propuesta es comprometer un plan plurianual de recuperación de lo perdido», esgrimió CC OO, que cifró en entre un 13 % y un 15 % la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios desde 2010, cuando vieron cómo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero les recortó un 5 % el sueldo y la congelación que les impusieron en los cinco años posteriores. En esta misma línea se posicionaron CSIF, que anunció que hoy mismo se reúnen con Podemos para hablar de este tema, y UGT. «Esta materia va a seguir viva durante la negociación de los Presupuestos y durante todos los meses del año», prometió Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos. Asimismo, su homólogo de CC OO, Javier Jiménez, aseguró que tampoco renunciarán a otras medidas como la reducción de la jornada a 35 horas semanales o el cobro del 100 % de la prestación cuando estén de baja por enfermedad.

Frente a este desacuerdo, los sindicatos mostraron su satisfacción por haber logrado «la mayor oferta de empleo público de la democracia», en palabras del presidente de CSIF, Miguel Borras. Llevaban meses de negociaciones y por fin se logró un final feliz. El acuerdo firmado por Montoro y los representantes de los tres sindicatos mayoritarios de este colectivo permitirá reducir la tasa de temporalidad del 25 % actual al 8 % en un plazo de tres años. Para ello, el Gobierno sacará a concurso el 90 % de las plazas interinas, principalmente en los sectores donde más empleo precario existe: sanidad, educación y justicia, así como en los servicios sociales, la policía local, la gestión tributaria y recaudación, la inspección de servicios y actividades.

Baile de cifras

El acuerdo no contempla un número concreto de plazas, dado que supone una autorización que deberá concretarse en cada una de las diferentes administraciones y existen muchas lagunas en algunos registros, por lo que aquí se da un baile de cifras. El Ministerio de Hacienda, al igual que CSIF, estima que este proceso de consolidación durante 2017-19 afectará a unas 250.000 plazas cubiertas ahora por interinos, de las que 129.700 corresponderán al ámbito de la sanidad, 98.807 a la docencia y 8.564 a la administración de justicia. Por su parte, CC OO, que se basa tanto en los datos del Registro Central de Personal como de la EPA, considera que serán entre 270.000 y 300.000. UGT va más allá y eleva estas plazas hasta 350.000.

Pero no serán las únicas plazas que se ofertarán. El acuerdo recoge además cubrir el 100 % de las jubilaciones en los colectivos considerados como prioritarios, que este año se han ampliado e incluyen a más de una veintena de colectivos, como los servicios de atención al ciudadanía. Hacienda cifra estas vacantes en alrededor de 67.000 para 2017: 19.000 en la Administración Central, 28.144 en las CC AA y en torno a 20.000 en las entidades locales.

Pese a que hay un plazo de tres años para convocar todas estas plazas, el Gobierno firmará este viernes un Real Decreto para cubrir con urgencia las vacantes en la docencia, Policía Nacional y Guardia Civil.