Patronal y sindicatos acuerdan una reforma de la estiba que el Gobierno veta

Así incluso llegaron a pactarlo este miércoles por la tarde la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los sindicatos, que tras más de cuatro horas de reuniones alcanzaron un principio de acuerdo sobre varios aspectos laborales. Uno de ellos es su salario, que desde la patronal se ve elevado una media anual de 68.000 euros y que los representantes de los trabajadores están dispuestos a rebajar un 10%.

Las centrales sindicales pretenden de un lado que las empresas les apoyen para que el Gobierno amplíe los plazos de su oferta de prejubilaciones, limitada a quienes les queden menos de cinco años para su retiro «ordinario», cosa que en el sector suele hacerse a los 55 años. Por otro, también logran que Anesco respalde su demanda para que la subrogación de plantillas se recoja en «un instrumento normativo» como ofrece el Ministerio de Fomento, pero siempre con «rango de ley».

Y es ahí donde el Ejecutivo pone ya una primera línea roja. «Se puede regular dijo el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, presente este miércoles en las conversaciones de los agentes sociales junto al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo pero nunca obligando a las empresas por ley». «Sería advirtió contrario a la sentencia europea» que en diciembre de 2014 inició el proceso que aboca a la liberalización de la estiba.

El otro punto que ha llevado al Gobierno a vetar el pacto alcanzado por patronal y sindicatos, pese a mostrarse dispuesto a respaldar la polémica subrogación si solo se recoge en el convenio colectivo del sector que también se está negociando, es que sea el Estado quien termine costeando ese extremo. Y es que estibadores y empresarios quieren que el dinero para compensar la diferencia salarial entre los contractos actuales (más onerosos) y los nuevos salga de las arcas públicas.

Hasta 575 millones de dinero público

Y no sería lo único. El plan de prejubilaciones y las bajas voluntarias para mayores de 50 años que seguirían recibiendo el 70% de su sueldo hasta la edad de retiro propuestos por Fomento y Empleo ya supondría un coste de hasta 575 millones de euros, según estimaciones oficiosas y en función del número de personas que finalmente se acogieran a ellas. Son unas ayudas, dicen, «que van al límite de las que se han venido concediendo en cualquier proceso de reestructuración».

Por eso, Gómez-Pomar no dudó en descalificar las dos principales medidas consensuadas por los agentes sociales, por ser dijo «contrarias a la normativa europea, al sistema legal de relaciones laborales y al propio sentido común». Para Anesco, no obstante, se trata de «un acuerdo muy positivo para el sector».

Confía la patronal, en cualquier caso, en que «la situación se pueda reconducir» y a tal fin el mediador elegido por el Ejecutivo -el presidente del Comité Económico y Social (CES), Marcos Peña- presentará este jueves por la tarde una propuesta a las partes. Los sindicatos, empero, creen que «por mucho que negociemos el Gobierno no se va a mover» y se preguntan que más tienen que hacer «para demostrar que se puede cumplir con Europa de otra forma» distinta al decreto que tumbó el Congreso.