El Gobierno aprueba la liberalización de la estiba pero aún sin respaldo parlamentario

«Hemos ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea» -que lleva meses insistiendo a España para que adapte su normativa a la directiva comunitaria sobre estiba- para favorecer a los empleados», se justificó De la Serna ante los críticas de los sindicatos. A este respecto el Ejecutivo ha previsto que el Estado (a través de las respectivas autoridades portuarias) sufrague los costes de la subrogación entre empresas concesionarias e incluso de posibles despidos a causa de la reforma (a razón de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades). De hecho, ya hay una estimación de hasta 300 millones de euros para cubrirlas, aunque existen dudas sobre si desde Bruselas podrían llegar a vetarlas luego por estimarlas ayudas públicas prohibidas por afectar al libre mercado.

Los sindicatos, sin embargo, entienden que el decreto, que tachan de «norma autoritaria y abusiva», «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores registrados en el sector (los últimos datos oficiales son de 2014). También consideran que «excede con mucho los límites y condiciones establecidos por la sentencia del TJUE de diciembre de 2014, que en su opinión ha sido utilizada «torticeramente» por Fomento para iniciar una «desregulación salvaje» cuyos «máximos beneficiarios» serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal (ETT).

La reforma gubernamental elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer (y pagar la cuota correspondiente) a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto y que hasta ahora controlan a quienes contratan aquellas. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso para convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar solo como agencia de colocación.

A priori, ello puede suponer una reducción de empleo en el sector, además de un cambio en las condiciones laborales, tanto en la duración como en la distribución de las jornadas. Por esa razón los sindicatos demandaron primero que se creara un registro profesional de estibadores, lo que en Bruselas vetaban por ser una «línea roja» según el Gobierno, para luego aceptar que al menos se les otorgaran atribuciones sobre formación y otros aspectos y, además, se diera un plazo mayor para la adaptación a la liberalización -en Francia, por ejemplo, se fueron hasta los 15 años-.

Reformar para no ser multados

Pero en Fomento se han negado a tocar «ni una sola coma» del decreto -hay un plazo de 30 días para aprobarlo o rechazarlo en el Parlamento y, de salir adelante, se podría tramitar luego como ley para poder introducir enmiendas- porque está pactado con Bruselas para que, más allá de no instar una «inminente» segunda sanción contra España (que conllevaría el abono de 134.000 euros por cada día de retraso en la adaptación del sector), incluso pueda pedir al TJUE que desista de la primera multa de 21,5 millones, puesto que aún no es firme. De la Serna dijo, no obstante, que éste «no es el final del proceso» porque los agentes sociales puedan pactar cambios en la negociación colectiva.

El problema es que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) -que actúa como patronal del sector- «ha cambiado de criterio», según los sindicatos, y ya no está dispuesta a aceptar algunas modificaciones a las que hasta ahora no se había opuesto. De momento, el martes próximo volverá a sentarle con las centrales representativas para entregarles un informe con las necesidades reales de empleo tras la liberalización.

Por eso, ante la «intransigencia» del Gobierno al decretar «a las bravas» la reforma y su «nula voluntad de consenso», los sindicatos ven «gravemente comprometidas» las negociaciones abiertas y este viernes advirtieron de que, «en este nuevo escenario», su «legítimo derecho a la huelga aumenta por momentos». De momento tienen convocadas nueve jornadas de paros en días laborables alternos desde el primer lunes de marzo (los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24) y en horas no consecutivas.

Escenario de huelga

En esta tesitura, el Gobierno trabaja ya con el probable escenario de huelga, asegurando el suministro de productos básicos mediante los servicios «mínimos», que serán del 100 % en las operaciones que afecten a mercancías perecederas (por ejemplo, alimentos frescos) y peligrosas, pasajeros, situaciones de emergencias y productos esenciales para los dos archipiélagos (Baleares y Canarias) y las ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). El Ministerio del Interior ha elaborado un dispositivo de seguridad para asegurar que se cumplan y también que se no ven afectados los transportistas.

A su vez, algunas compañías que comercializan con España, tanto a nivel de importaciones como de exportaciones (los puertos concentran el 60 % de las primeras y el 86 % de las segundas), han comenzado a buscar puertos alternativos (Tánger y Marsella, entre otros) para esas fechas, e incluso varias recurrieron a ellos en los últimos días ante las «huelgas encubiertas» denunciadas desde algunas empresas y por el propio ministro. De la Serna teme a este respecto que «las decisiones temporales que se tomen ahora ante los paros puedan convertirse luego en definitivas y terminar dañando al conjunto de la economía del país».