El Tesoro emitirá otros 75.000 millones de euros de deuda en 2022

No se trata solo de la incierta evolución de la pandemia. También del proceso de ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, el inicio de la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales que en los últimos años ha permitido al Estado español financiarse a precios 'ultrabaratos' en el mercado. Incluso con costes de emisión negativos en 2021 por primera vez en la historia (-0,04%).

Esa fiesta toca a su fin y es probable que 2022 sea el último año con tipos negativos en Europa. El Banco Central Europeo (BCE) ya adelantó que irá rebajando poco a poco las compras de deuda realizadas durante la pandemia. Así que el Tesoro tendrá que manejar muy bien los tiempos y las formas de sus emisiones para evitar que esa retirada de estímulos se transforme en desconfianza por parte de los inversores.

«Necesitamos ser flexibles ante la llegada de los fondos Nex Generation y el programa de financiación es prudente», ha insistido Cuerpo durante la presentación de la estrategia del Tesoro para este año. Una estrategia que sigue marcada por la respuesta de la crisis con una emisión bruta (que incluye los títulos que se refinancian) de 237.498 millones de euros, un 10% menos que en 2021 por las menores amortizaciones de deuda.

Esa cifra final podría, no obstante, terminar siendo inferior como ya ocurrió el pasado ejercicio, cuando el Ejecutivo renunció a emitir 25.000 millones previstos gracias a la llegada de los fondos europeos y de una recaudación tributaria superior a lo esperado.

Desde el Ejecutivo se muestran confiados en que, pese a la retirada de estímulos, la economía española mantendrá la confianza de los inversores, que en los últimos tiempos «se ha reflejado en un favorable acceso al mercado y un peso estable de los no residentes», indican desde el Tesoro. «Cabe esperar que el apetito se mantenga», insiste Carlos Cuerpo.

De hecho, en 2021 el 44% de los tenedores de deuda en 2021 fueron no residentes. Una diversificación de la base inversora en la que mucho tuvo que ver la emisión del primer bono verde po run valor nominal de 5.000 millones de euros, en el que un 92% de los inversores fueron internacionales, especialmente nórdicos, con una sobredemanda registrada de 60.000 millones de euros.

El Gobierno espera que esas cifras se mantengas estables en los próximos trimestres, salvando así el posible impacto de la normalización de la política monetaria. «La acción anunciada en diciembre por el BCE ya estaba descontada por el mercado y no supondrá un factor diferencial para la prima de riesgo española», indican desde el Tesoro. Anticipan, de hecho, que ese indicador que en cierto sentido mide la confianza de los inversores en un determinado país, «se mantendrá en línea sin sobresaltes y con la mayor calidad crediticia».

Este punto es clave para la financiación del país, pues las mejores condiciones experimentadas permitieron en 2021 un ahorro de 1.281 millones de euros en el pago de intereses respecto a 2020.

Para el nuevo año, el Tesoro realizará emisiones sindicadas (la primera se anunciará en los próximos días por valor de 10.000 millones de euros), y también de bonos ligados a la inflación. Pero el foco de su estrategia se centrará en la reapertura de ese 'bono verde' emitido en 2021, «con el fin de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva y seguir contribuyendo a la financiación de proyectos de transición ecológica».

El Estado también tiene claro que la nueva estrategia de emisiones debe ir acompañada de una paulatina reducción de la deuda pública que resulta imprescindible para sanear las cuentas públicas y cumplir los compromisos con Bruselas.

El Gobierno mantiene el objetivo de reducir la deuda pública del 119,5% del PIB previsto para 2021 al 115,1% en 2022. Y aunque la previsión coincide con la de organismos como la Airef (115,7% para el cierre de 2022), lo cierto es que los niveles de deuda seguirán incumpliendo las reglas fiscales que Bruselas reactivará, si todo va según lo previsto, en 2023 y que establecen que la deuda pública de los países miembros no puede superar el 60% del PIB.

En los dos últimos años, los programas de emisiones han permitido al Gobierno respaldar las medidas de apoyo a familias y empresas frente a la pandemia. A cambio, se incrementaron las necesidades de emisión y del volumen de deuda pública, con emisiones brutas por valor de 277.000 millones (109.900 millones de emisiones netas) en 2020 y 264.300 millones (75.100 millones en emisiones netas), desde los 192.800 millones que se marcó de mínimo en 2019, el año previo al estallido de la crisis.