Seis de cada diez ejecuciones hipotecarias proceden de los años de la burbuja inmobiliaria

Entre julio y septiembre se han contabilizado 1.292 ejecuciones hipotecarias cuyos titulares eran ciudadanos (no empresas), lo que supone un descenso del 23% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el INE. Además de ser uno de los registros más bajos de los últimos años, de todas esas viviendas, un 22,1% fueron adquiridas en el 2007, el cénit de la vorágine inmobiliaria que vivió España. Otro 18,2% son de 2008; el 15,8%, del 2006; y el 6%, de 2005. Es en ese periodo en el que se concentra el mayor número de compras de viviendas que ahora resultan con problemas de impago de los créditos y, por tanto, del proceso del lanzamiento realizado por los bancos afectados.

En el caso concreto de las primeras viviendas -aquellas que constiuyen la residencia habitual de las familias, más allá de las casas de playa o montaña-, el número de ejecuciones hipotecarias contabilizadas se ha situado por debajo del millar por primera vez en toda la crisis en un solo trimestre. Se han contabilizado 947 intervenciones, lo que supone un 21,3% menos que en el tercer trimestre de 2018. Si se suman los datos de segundas viviendas, hay 345 ejecuciones, un 27,3% menos.

Caso diferente es el de las ejecuciones hipotecarias que pesan sobre empresas, como propietarios de inmuebles. Entre junio y septiembre ha habido 4.483 intervenciones, lo que supone un incremento del 38% con respecto al mismo trimestre del año pasado.

En el tercer trimestre se iniciaron 12.369 ejecuciones hipotecarias, un 24,7% menos que en el trimestre anterior pero un 28,2% más que un año antes. De ellas, 11.809 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 560 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas retrocedieron un 24,1% en relación al trimestre anterior pero se incrementaron un 28,5% respecto al tercer trimestre de 2018.

Dentro de las fincas urbanas, 5.775 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 27,1% menos en tasa intertrimestral y un 17,2% más en términos interanuales, y de ellas 1.292 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 34,9% menos que en el trimestre anterior y un 23% inferior a la del tercer trimestre de 2018.