El sector turístico pide un trato similar a las inundaciones por la caída de Thomas Cook

A diferencia de otras regiones afectadas como Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde el impacto en las reservas se ha acusado fundamentalmente en los últimos días de septiembre y se ha llegado a plantear el cierre anticipado de la temporada -sobre todo en los hoteles de Mallorca, Ibiza y Menorca-, en Canarias el problema es «aún más urgente». Lo ha dicho esta semana el Gobierno autonómico y lo refrenda la estadística.

Un tercio de los turistas que llegan a Canarias de octubre a diciembre vienen del Reino Unido -la tendencia se mantiene hasta marzo- y sin la demanda que gestionaba Thomas Cook esas cifras bajarán, tanto que peligra el séptimo récord anual consecutivo en llegadas de turistas y el gasto desembolsado por ellos. Pero la preocupación del sector es aún mayor, pues si la ocupación se reduce a la mitad o incluso menos peligra la subsistencia de decenas de empresas, sobre todo pymes.

«No podemos esperar más», afirma José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el 'lobby' que representa a las principales empresas turísticas, desde alojamientos hasta transportes. «Hace falta ya un plan de choque, y mejor en una semana que dos», advierte. De hecho, las diferentes asociaciones sectoriales aguardaban algún gesto en el último Consejo de Ministros, pese a estar el Ejecutivo en funciones. «Hay que reaccionar tan rápido como con las inundaciones -afirma-, porque también aquí hay muchos pequeños negocios que se juegan su futuro, más allá de grandes firmas».

Los datos que maneja el sector sobre el impacto del fiasco de Thomas Cook, que Exceltur cifra en «más de 200 millones de euros», así lo avalan: hay «algunos grupos conocidos» -las fuentes consultadas evitan dar nombres- que «se han quedado colgados con más de 30 millones» en facturas pendientes de cobro -el turoperador pagaba a tres meses-, y «varios» tienen por cobrar al menos 15 millones. Aunque Zoreda ve «especialmente dramáticos» los casos de algunos pequeños transportistas y otros empresarios modestos que, con deudas de 100.000 euros, no podrán negociar con los bancos y se verían abocados a cerrar.

La cuenta, sin embargo, podría ser mucho mayor. Si se atiende a los cálculos de las comunidades afectadas, solo entre Canarias (160 millones en una primera apreciación) y Baleares (100 millones) se superaría la estimación inicial para todo el sector turístico, por lo que algunas fuentes hablan de una suma final de entre 450 y 500 millones de euros. Y en Exceltur no descartan que así sea.

Aparte estarían los llamados costes indirectos. En primer lugar, los 2.500 empleados que tenía Thomas Cook en España y más de medio centenar de alojamientos propios (hoteles y 'resorts'): seis en el territorio peninsular, 29 en Baleares y otros 20 en Canarias. Después irían las empresas y autónomos que trabajaban para el grupo, desde conductores de autobuses hasta proveedores de alimentación u otros servicios.

Por eso la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, planteó el jueves en Bruselas ante la comisaria de Empleo el uso de fondos europeos, precisamente los previstos para ayudar a trabajadores que pierden su puesto por una crisis. España quiere consensuar esa petición con los otros países europeos afectados, pero la tramitación es individual y se alargaría varios meses.

Y el sector, insisten sus representantes, necesita «ya» créditos blandos y líneas de financiación para paliar el dinero que no recibirá del turoperador -se presume que el concurso de acreedores en Reino Unido les resarciría en «una pequeña parte»-. Otras opciones que plantean Exceltur y la patronal hotelera Cehat es eliminar el IVA en las facturas impagadas y la supresión temporal de la ecotasa vigente en Baleares.

A más corto plazo, su «prioridad» es una rebaja -de entre el 40% y el 50%- en las tasas que AENA, el gestor de los aeropuertos, cobra a las aerolíneas. Lo ven «vital» para asegurar que no baje la conectividad al perder los viajes del turoperador, pero la empresa semipública (el 51% es del Estado) no lo ve «determinante».