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El Gobierno ha culminado ya la elaboración de un copioso Plan de Recuperación con el que prevé la llegada de 140.000 millones de euros en fondos europeos en el que se encuentran incluidas las reformas que Bruselas exige a España para dar su visto ... bueno a la transferencia de esas cuantías millonarias. En el epicentro de los cambios legales a los que el Ejecutivo aspira se encuentra la reforma laboral. Pero no será una derogación total de la legislación aprobada en 2013 por el Gobierno del PP. El texto elaborado por La Moncloa, del que este miércoles dará detalle el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso, apunta a «lograr un paquete equilibrado que permita contar cuanto antes con un nuevo marco laboral para encauzar un crecimiento rico en empleo de calidad, con mayor productividad y mayores salarios, con certidumbre y seguridad jurídica».
La redacción del texto atisba un bálsamo para las autoridades europeas, reacias en muchas ocasiones a que España acabe de un plumazo con aquella reforma laboral de hace casi una década. El Gobierno anticipa en su plan de reformas que aboga por dejar tres únicos tipos de contrato: uno «estable», para el conjunto de las actividades; otro «temporal», para las que tengan esa naturaleza; y uno «de formación» para la inserción de los trabajadores.
Además, la 'contrarreforma' laboral que propone el Gobierno de coalición -el texto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos instaba a actuar en los aspectos más lesivos- incluye «instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad» con la habilitación de un mecanismo «de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias» y otro «de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión», según indica el plan del Ejecutivo.
En este sentido, el texto aclara que la reforma debe ser abordada en el marco del diálogo social, «orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo». También anticipa que se llevará a cabo una revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, cuya efectividad ha sido puesta en duda tanto por empresarios como por sindicatos tras las últimas modificaciones de la legislación del trabajo.
Tal y como ha venido insistiendo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ERTE serán un mecanismo estructural, después de la experiencia acumulada en el último año de crisis con esta fórmula de protección.
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Además, el Ejecutivo incluye otra de las reformas sobre las que la Comisión Europea se ha mostrado históricamente más interesada en el caso de España: la de las pensiones. Bajo el objetivo de «preservar la sostenibilidad» del sistema público, el Ministerio de Seguridad Social, comandado por José Luis Escrivá, quiere introducir cambios a la hora de calcular el importe de las pensiones en función de variables que no solo serán la esperanza de vida, aunque también. El texto del Plan de Recuperación habla de «sustituir el factor de sostenibilidad (el aprobado en la reforma del PP en 2013 aunque nunca llegó a ponerse en práctica) por un mecanismo de equidad intergeneracional».
El programa insiste en medidas ya conocidas como el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones -sin aclarar cuál será el nuevo índice-, la adaptación de la edad real a la legal de jubilación; o tomar en cuenta más años de vida laboral para calcular la prestación para tener en cuenta las lagunas.
El Gobierno ha interiorizado que habrá una subida de determinados impuestos a partir del próximo año, cuando la economía esté ya en fase de recuperación, según sus propias estimaciones. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se alinea así con el discurso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la reforma fiscal y la necesidad de «modificar algunos impuestos». Uno de los primeros tributos que se tocaría sería el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las grandes empresas, en pleno debate sobre la posibilidad de un impuesto mínimo global para las multinacionales impulsado desde EEUU. Sánchez aprovechó esta coyuntura para subrayarlo: «No queremos ser una isla» en términos fiscales.
El Gobierno también se ha fijado en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para subirlos en un «aumento de la progresividad del sistema fiscal». Para Sánchez, estas alzas forman parte de «un debate necesario» y subrayó, durante la presentación del Plan de Recuperación, la distinta realidad tributaria autonómica, al ser figuras cedidas a las comunidades. El presidente del Gobierno reconoce que «cada territorio» tiene «una perspectiva diferente» de un mismo impuesto, incluso entre gobernantes del mismo signo político. «Así ocurre en Madrid, Castilla y León y Galicia», indicó. «Nuestra tarea como Gobierno es la de amoldar todas esas sensibilidades y demandas», apuntó. Encaje de bolillos es lo que tienen que hacer los partidos con sus representantes en cada región. Más aún en el caso de Madrid, con las elecciones autonómicas en tres semanas. A pesar de los anuncios de Montero y Sánchez, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, insiste en que no subirá los impuestos y que los madrileños «no pagarán ni un euro más». Sánchez lo entiende «en su autonomía» como candidato. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, reiteró su negativa a subir impuestos aunque emplazó al Ejecutivo a «hablar con las comunidades» si quiere acometer la uniformidad.
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