Pedro Sánchez quiere incluir el ingreso mínimo vital en el pacto para la reconstrucción económica

El presidente ha explicado que el primer ánimo que movió al Ejecutivo para embarcarse en el diseño del ingreso mínimo vital fue la lucha contra la pobreza infantil. Pero, ha continuado, el estallido de la pandemia del Covid-19 ha llevado a que con esa renta social se vaya a tener que hacer frente a otras realidades que van a aflorar como consecuencia de la crisis económica que se ha desatado.

El ánimo del Gobierno, ha continuado el presidente, es poner en marcha «cuanto antes» ese ingreso mínimo vital. Y ha expresado que pretende que, además de contar con el aval de los agentes sociales para su aprobación y desarrollo, también obtenga el respaldo de las fuerzas políticas. Por ello, quiere que esa renta garantizada forme parte del acuerdo para la reconstrucción económica y social del país.

«Será una de las políticas públicas que pondremos en marcha cuanto antes y nos gustaría que la propuesta contara con el aval de los agentes sociales y de las fuerzas políticas que pudieran ser parte de ese acuerdo por la reconstrucción económica y social que vamos a empezar de manera urgente», ha señalado Sánchez.

La vicepresidencia de Derechos Sociales en los últimos días ha elevado una propuesta para acelerar la aprobación de una renta social extraordinaria hasta que pueda salir adelante el ingreso mínimo vital permanente y definitivo, plenamente integrado en el sistema español de protección social.

El diseño y trámites de este último, alegan fuentes de la vicepresidencia de Iglesias pueden alargarse hasta tres meses, puesto que hacen necesario llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, que ya cuentan con sus propias rentas mínimas, y con partidos como el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, que gobiernan en autonomías donde estas prestaciones están muy desarrolladas.

La propuesta de Derechos Sociales pasa por una prestación de 500 euros, cantidad que se elevaría por menor a cargo, hasta alcanzar, por ejemplo, los 950 euros en una familia formada por dos adultos y dos menores.

Pero ello estos días ha generado una polémica que provocó que la patronal no fuera a la reunión de la mesa del diálogo social convocada para el viernes pasado por el Ministerio de Trabajo. Si bien el equipo de Pablo Iglesias había informado de que existía una comunicación fluida con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre esta cuestión, en un comunicado, la organización empresarial negó haber participado de las negociaciones.