Sánchez e Iglesias presentan unos Presupuestos con subidas de Sociedades, IRPF y Patrimonio

Y esas nuevas cuentas públicas que inmediatamente comenzarán su tramitación parlamentaria incluyen subidas de varias figuras tributarias. En particular, según ha esbozado el vicepresidente Iglesias, se propone elevar en tres puntos la tributación de los rendimientos del capital superiores a los 200.000 euros en IRPF. Y, asimismo, se establece un incremento de dos puntos en el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta para rentas del trabajo por encima de los 300.000 euros.

Ello significa que las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros pasarán a tributar del 45% al 47%. Mientras que las del capital desde los 200.000 euros tendrán un tipo del 26% frente al 23% que se aplica hasta ahora.

El número de contribuyentes afectados por la subida del Impuesto sobre la Renta es muy limitado: de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Tributaria, poco más de 100.000 declarantes, un 0,5% del total (20,6 millones), registran rendimientos por encima de los 150.000 euros.

Con datos más desagregados, pero con algo de retraso (2016), la Dirección General de Tributos refleja que hay algo más de 37.000 declarantes con bases liquidables generales por encima de los 240.000 euros. Mientras que los contribuyentes con bases liquidables del ahorro por encima de los 192.000 euros son algo más de 54.000.

De acuerdo con los cáluclos de Hacienda, se verán afectados 36.194 contribuyentes por la subida del IRPF, un 0,17% del total, y ello implicará una recaudación adicional por valor de 491,4 millones de euros en los dos próximos ejercicios.

A estas reformas del IRPF hay que sumar que se reducirán las exenciones de que disfrutan las aportaciones a los planes de pensiones.

La subida del Impuesto sobre la Renta planteada en las cuentas públicas de 2021 es, de todas maneras, más modesta que la que se incluía en el acuerdo de coalición, que presentaba un incremento de dos puntos para rentas superiores a los 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda los 300.000 euros.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se establece un tipo mínimo del 15% para las socimi (empresas que tienen patrimonio inmobiliario en alquiler), hasta ahora eximidas de este tributo. Además, se limitará al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales. Ello persigue, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acercar el tipo nominal al efectivo. Con objeto de proteger a las pequeñas y medianas empresas, durante tres años, las compañías con una facturación inferior a los 40 millones de euros podrán seguir aplicando la exención del 100%.

De acuerdo con los cálculos de Montero, esta última medida afectará a 1.739 empresas, cifra que representa el 0,12% del total del tejido productivo español. Y supondrá una recaudación adicional de 1.520 millones de euros entre 2021 y 2022.

También en este tributo la reforma es más discreta que la que recogía el acuerdo de coalición y que establecía un tipo mínimo efectivo en Sociedades del 15% para el conjunto de las empresas y del 18% para el sector financiero y el de los hidrocarburos. Además, se ha caído del pacto de Gobierno la bajada del tipo aplicado sobre las pequeñas y medianas empresas desde el 25% al 23%.

Por último, se incrementará en un punto (del 2,5% al 3,5%) el Impuesto del Patrimonio para fortunas por encima de los diez millones de euros. El impacto de este último tributo, según Luis del Amo, secretario del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, será limitado, ya que es un impuesto en manos de las comunidades autónomas, que pueden bonificarlo al 100%, como hace Madrid, y también pueden establecer su propia tarifa, que en algunos casos está por encima de la estatal.

La ministra María Jesús Montero ha manifestado que la voluntad del Gobierno es caminar hacia una armonización de este tributo, con el establecimiento de unos mínimos aplicables a todas las comunidades autónomas, para que esta figura impositiva «no quede en desuso». Es una cuestión que, según ha manifestado, no se puede hacer en un proyecto de Presupuestos, y tiene que ser negociada con todas las fuerzas de la Cámara.

El Gobierno también ha incluido en los Presupuestos el incremento del impuesto sobre las primas de seguros desde el 6% hasta el 8%.

Además, propone el acercamiento de la tributación del diésel a la gasolina, reduciendo la bonificación del primero hasta los 38 euros por cada mil litros, lo que implica un encarecimiento de 3,45 euros al mes para un consumidor medio. De este incremento queda exento el gasóleo profesional y bonificado. Con ello, el Gobierno calcula que recaudará 500 millones de euros más en los dos próximos años.

A estos incrementos tributarios hay que sumar los que ya se conocían: la tasa Tobin -que se aplica sobre transacciones financieras- y la tasa Google -a los servicios digitales-, ya aprobados por las Cámaras; además del nuevo impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso; y el IVA del 21% a las bebidas azucaradas, sobre las que actualmente pesa un tipo del 10%.

Pablo Iglesias ha valorado que éstas son «medidas de justicia fiscal» que suponen un primer paso hacia una reforma tributaria en profundidad para recortar los siete puntos de PIB que hay de diferencia de recaudación con la media de la Unión Europea.

De acuerdo con el Plan Presupuestario enviado a Bruselas a mediados de este mes de octubre, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva ley contra el fraude fiscal se sitúa en los 6.847 millones de euros en 2021. En total, el Gobierno espera que los ingresos se incrementarán en 33.447 millones el año que viene en comparación con éste, sobre todo como consecuencia de la recuperación del PIB.

En palabras del vicepresidente Iglesias, «hoy inauguramos una nueva época» en materia de política económica que pone fin «a la era de la austeridad». Además, según ha calificado, comienza también la senda de la recuperación de derechos sociales y laborales, al tiempo que se da impulso a la transición ecológica y a transformaciones económicas que ya eran necesarias antes pero que la pandemia ha convertido en «inaplazables».

Por su parte, Pedro Sánchez ha afirmado que el presupuesto que hoy se presenta es el «más ambicioso de nuestra historia democrática». Y ha expuesto que se ha elaborado para cumplir con varios objetivos: reconstruir lo que ha arrebatado la crisis, modernizar el modelo productivo y «fortalecer el patrimonio común», que es como ha denominado al Estado de bienestar. El presidente del Gobierno ha expuesto que ante el dilema de «replegarnos en la austeridad o salir hacia adelante con energía», la voluntad del Ejecutivo pasa por esto último y ha mostrado que ello se materializa en una «inversión social» que en 2021 alcanzará los 239.765 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% sobre las anteriores cuentas públicas. Esta cifra incluye la primera partida de los fondos europeos por valor de más de 27.000 millones de euros.

Con ello, ha afirmado Sánchez, se dibuja «un antes y un después» en la política económica española. Además, ha asegurado que las nuevas cuentas públicas orientan la económia española hacia la transición ecológica, la digitalización inclusiva y la cohesión social. «La respuesta de los Presupuestos Generales del Estado va a estar a la altura del impacto, dibuja un antes y un después del modelo económico y no se va a dejar a nadie atrás, reduciendo desigualdades y fortaleciendo los servicios públicos», ha dicho el presidente Sánchez.

En cuanto a las políticas sociales, el vicepresidente Iglesias ha enumerado que se reforzará la atención a la dependencia con reducción de listas de espera, mejora de las prestaciones y el paso de un modelo de residencias al de atención domiciliaria; se impulsará la conciliación con 200 millones para la educación de cero a tres años, la igualación de permisos remunerados para padres y madres y la creación de una red de cuidadores profesionales; también se aportarán recursos adicionales a las políticas activas de empleo; y se incrementarán las pensiones un 0,9%, cifra que será del 1,8% para las no contributivas. A ello hay que sumar que, según se comunicó oficialmente ayer, los sueldos de los empleados públicos crecerán ese mismo 0,9% el año que viene.

Además, la coalición ha acordado que el IPREM, índice al que están vinculados numerosas prestaciones públicas y que llevaba una década sin prácticamente actualizarse, subirá un 5%.

Al ingreso mínimo vital, mientras tanto, se destinarán más de 3.000 millones de euros en 2021.

Pedro Sánchez ha añadido algún detalle más: así, la inversión en educación y FP se incrementará un 70,2%, con récord de becas, mientras que los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se elevarán un 80,1%, y la partida dedicada a infraestructuras más que se duplicará (114,8%, con 6.161 millones de euros más), al igual que las ayudas al comercio, al turismo y a las pequeñas y medianas empresas (crecerá un 150% o en 1.338 millones de euros).