La revisión de las normas fiscales europeas pilla a España con una deuda disparada

El debate público que Bruselas ha abierto esta semana, y que debería ofrecer resultados en forma de orientaciones en el primer trimestre del próximo año, promete ser complejo desde el punto de vista técnico y tan sensible en lo político que arrecia ya un nuevo choque entre los 'frugales' y el Sur. Entre quienes abanderan la austeridad y los que, como España, tuvieron que enfrentarse al envite de la todavía gran crisis global (la más grave desde la Segunda Guerra Mundial) sin haber levantado aún la cabeza de la recesión de 2008.

La Covid-19 ha dejado una deuda pública media en la UE que se sitúa en el 92,9% del PIB y que escala al 100,2% entre los diecinueve Estados que comparten el euro. Registros disparados que en la fotografía por países ofrece divergencias notables. En la parte alta, Grecia (209,3%), Italia (160%), Portugal (137,2%), Chipre (125,7%), España (122,8% y 1,42 billones en números rojos), Bélgica (118,6%) y Francia (118%). En la baja, Luxemburgo (28,1%), Bulgaria (25,1%) y Estonia (18,5%).

La afección es general. Incluso el motor de Europa, Alemania, ha visto cómo crecía su deuda del 59,70% en el último ejercicio previo a la pandemia al 71,10% en el primer trimestre de este año. Así que con este panorama lo primero que ya se dará por extinguido en el futuro Pacto de Estabilidad y Crecimiento es la imposición de que la deuda pública se mantenga por debajo del 60% del PIB. Requerirá un nuevo reajuste en forma y fondo que, de momento, no se concreta.

Otra cosa es ese ratio tope del déficit del 3%. «Ha demostrado su valor», aseguraba recientemente Klaus Regling, máximo responsable de la gestión del fondo de rescate europeo. El déficit también está disparado.Y mucho en España. En julio el Gobierno preveía cerrar este 2021 con un 8,4% y esperaba un 5% para 2022; dos puntos por encima del techo europeo (si finalmente se mantiene ese 3%).

Lo evidente es que, hoy por hoy, forzar medidas de 'austericidio' como las de crisis precedentes carece de sentido. «Tenemos que abordar la situación de una forma inteligente: de una manera gradual, sostenida y favorable al crecimiento», insistía el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

En los próximos meses desde su negociado y desde el del titular de Economía, Paolo Gentiloni, se buscará el máximo consenso posible para poder montar el puzle de un nuevo Pacto que garantice «unas finanzas públicas sostenibles, medidas para prevenir y corregir desequilibrios macroeconómicos, normas más simples que las que existen en la actualidad, una mayor transparencia y una mejor aplicación». Objetivos que se recogen en un documento abierto, con muchas preguntas para la discusión y sin propuestas concretas.

Y todo en un escenario que permita cumplir con el gran reto transformador que se ha marcado la UE y que le exige seguir gastando a espuertas: la primera fase de la transición ecológica, con una reducción al 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 que debería culminar con la neutralidad climática en 2050. Solo para cumplir con la primera fase, Bruselas estima que serán necesarios alrededor de 650.000 millones de euros en inversiones tanto públicas como privadas. Cada año.

Lo dicho, impulsar la inversión y reducir la deuda pública al mismo tiempo; «la cuadratura del círculo», como ha definido Gentiloni el nuevo paradigma. Y eso lleva a encontrar una pista de aterrizaje en la compleja discusión política que ya se ha entablado. España, Francia, Italia, Portugal, Grecia… confían en que la balanza se incline hacia «la flexibilidad», entre otras cosas, por esa exigencia 'green' que ya no puede demorarse más tiempo.

Medidas más realistas, en definitiva, para hacer frente al lastre de los gastos pandémicos. Frente a ellos Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, Eslovaquia y República Checa. Consideran que «la reducción de las ratios de endeudamiento excesivo debe seguir siendo un objetivo común».

Se abren a la aplicación «coherente y transparente», a «simplificaciones y adaptaciones» que mejoren ese pacto. Pero en esencia lo que vienen a decir es que tampoco hay que revolucionar nada, que el marco ya permitía suficiente flexibilidad. Y sí, quieren «calidad antes que velocidad», así que las discusiones serán largas. La incógnita es hacia dónde se decantará el nuevo gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz con Verdes y Liberales. Nadie espera un volantazo. Pero la clave en este–como en muchos otros asuntos sensibles– va a estar en el arbitraje que va a ejercer Alemania.

El impacto económico de la pandemia y de las medidas implementadas para su contención disparó en 2020 el desequilibrio presupuestario y el endeudamiento público de los países de la UE, con especial incidencia en España, donde el déficit alcanzó el 11% del PIB, el mayor entre los Veintisiete, mientras la deuda subió al 120% del PIB, la cuarta mayor ratio, según datos de Eurostat.

Entre los países del euro, el déficit de 2020 fue del 7,2% del PIB, lo que equivale a un desequilibrio negativo de 821.739 millones. A su vez, la deuda fue de 11,09 billones, frente a los 10 billones de 2019, lo que representa una ratio del 97,3%.

Todos los países registraron déficit, correspondiendo los mayores desequilibrios negativos a España (-11%), Grecia (-10,1%), Malta (-9,7%), Italia (-9,6%), Rumanía (-9,4%), Bélgica y Francia (ambos -9,1%), Austria (-8,3%), Hungría (8%), Eslovenia (-7,7%), Croacia (-7,4%), Lituania (-7,2%) y Polonia (-7,1%).

En cuanto a los niveles de deuda, al cierre de 2020 los menores ratios se observaron en Estonia (19%), Bulgaria (24,7%), Luxemburgo (24,8%), República Checa (37,7%) y Suecia (39,7%). Un total de 13 países de la UE contabilizaban ratios de endeudamiento por encima del umbral del 60% del PIB, siendo los más elevados en Grecia (206%), Italia (155%), Portugal (135%), España (120%), Chipre (115%), Francia (115%) y Bélgica (112,8%).