Los retos de las cadenas alimentarias: cómo sortear las crisis y evitar el desabastecimiento

El funcionamiento de la RRCA está condicionado por sus estructuras y por el comportamiento de los agentes que las integran. A través de una serie de flujos, los productos y servicios conectan a los agricultores con los consumidores, mediante fabricantes, industriales y distribuidores.

El flujo financiero se mueve en sentido inverso. Como complemento, están los flujos de información y documentación que aportan transparencia a las transacciones.

Recientemente, tuvo lugar una conferencia internacional virtual sobre cadenas alimentarias, organizada por el Centro Europeo - Latinoamericano de Logística y Medio Ambiente (CELALE). Estaba coordinada desde La Habana y Bogotá con participación de varios países europeos y americanos. España estuvo representada a través de instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid.

El núcleo del debate giró en torno a la tensión existente en el funcionamiento de las cadenas alimentarias en épocas de turbulencia, sus efectos y medidas a adoptar, tanto a nivel local como internacional.

Todos los flujos de la red de redes de cadenas alimentarias son sensibles a los impactos en periodos turbulentos, que obligan a reajustar su operatividad ante escenarios. Algunos ejemplos son los siguientes:

La pandemia. La covid-19 está siendo especialmente nociva en el aspecto sanitario, con más de 80 000 fallecidos y numerosas secuelas en España. No obstante, el abastecimiento alimentario ha sufrido también los efectos. Estos han sido aceptables en países desarrollados, pero han aumentado el hambre en los que están en vías de desarrollo. En España, se han formado las llamadas colas del hambre, el PIB ha caído un 7 %, pero las RRCA han tenido un comportamiento satisfactorio dadas las circunstancias.

Los escándalos alimentarios. Suponen una fuente de tensión en el sistema alimentario con múltiples efectos sanitarios, económicos y sociales. Situaciones como la peste porcina africana, las «vacas locas» (la encefalopatía espongiforme bovina) o las gripes aviar y porcina han sido resueltas de forma administrativa, con regulaciones pertinentes. Las intoxicaciones por manipulación inadecuada de los alimentos suelen tener un impacto de pánico que causan desconcierto hasta que se detectan y controlan. Así ha ocurrido con el síndrome del aceite tóxico de colza o algunos vinos y productos lácteos, cárnicos u hortofrutícolas. Hemos de valorar el tiempo entre asentamiento, incubación, detección y recuperación.

La falta de previsión sobre medidas administrativas. Pueden provocar distorsiones en la red alimentaria. Es el caso del Brexit, donde la falta de conductores de camiones y carniceros está provocando desabastecimiento en el Reino Unido. El intento de resolverlo atrayendo a los actores correspondientes no ha surtido efecto: de los 5 000 visados ofrecidos a transportistas solamente se han solicitado 300. Se ha tenido que recurrir al ejército.

Las catástrofes naturales. Inundaciones, terremotos, incendios y erupciones volcánicas, entre otras, causan tensiones. En la mayoría de los casos pueden resolverse con una adecuada logística de abastecimiento.

Los impactos en las cadenas alimentarias pueden provocar efectos significativos que obligan a un cambio de modelo o paradigma, para lo que deben estar lo suficientemente preparados.

En España, los agricultores cuentan con un seguro agrario (que gestiona la Entidad Estatal de Seguros Agrarios) en tanto que los industriales, comerciantes y consumidores deben tener sus predicciones.

La estrategia de prevenir y enmendar debe aplicarse sistemáticamente mediante reforzamiento de la estructura de las cadenas, con transparencia y buenas prácticas en el sistema. En la fase posterior de un suceso, la resiliencia o capacidad de adaptación es la fórmula para seguir.

En España, pasos importantes en el fortalecimiento de las cadenas alimentarias han sido la Ley de mejora de la cadena alimentaria, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación y la propia reestructuración hacia modelos más eficientes. Todo ello ha permitido una respuesta eficaz a los impactos.

El seguimiento del funcionamiento se hace a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que trata de mejorar la transparencia con información de precios y estudios. Su dinámica, no obstante, debería incluir análisis detallados, a modo de tensiómetro, que identifiquen los puntos críticos con propuestas a aplicar. La incorporación de estudios sobre riesgos funcionales no sostenibles en los diferentes eslabones de la red de redes de cadenas alimentarias pueden detectar con antelación problemas venideros.

En este contexto, un grupo de expertos propuestos por todos los eslabones de la cadena, la Administración y la Academia podrían tomar sistemáticamente la «tensión funcional sostenible», diagnosticar los problemas y proponer acciones a corto, medio y largo plazo.

Nos encontramos en un escenario donde todos los estamentos de la red de redes de cadenas alimentarias afrontan retos importantes:

1. La producción agraria tiene varios frentes abiertos: agricultura convencional y ecológica, productos transgénicos, cambio climático y cambios en la PAC.

2. La industria transformadora, además de innovaciones habituales, tiene el horizonte de la carne de laboratorio. Esta alcanzará en las próximas décadas una cuarta parte del mercado.

3. El sector distribuidor, en continua reestructuración, está experimentando cambios con el comercio electrónico y la venta directa a domicilio mediante canales paralelos. Los consumidores presentan una gran diversidad de preferencias. Movidos por cuestiones como la salud, la preocupación por el bienestar animal o el cambio climático, las manifiestan a través de hábitos de compra.

Por ello, es fundamental que un organismo de confianza, objetivo y neutral analice las tensiones en las diferentes cadenas, con especial atención a los productos alimentarios básicos, e informe con transparencia y agilidad. Convendría crear así una red de alerta tanto a nivel nacional como de la UE e internacional para adoptar medidas conjuntas.

Este artículo también ha sido firmado por:

Isabel de Felipe Boente. Profesora jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Teresa Briz. Profesora Contratada Doctora. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Este artículo ha sido publicado en The Conversation